El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), ha anunciado que comunicará a los juzgados correspondientes por qué el Ayuntamiento no puede cumplir con el pago de 3,2 millones de euros en siete sentencias condenatorias, después de que la propuesta se haya rechazado en Pleno hasta en cuatros ocasiones en apenas dos meses.
El Pleno ha rechazado, con los votos de la oposición, estos expedientes enmarcados en una modificación presupuestaria para abonar las sentencias y fallos condenatorios con cargo al superávit presupuestario de 2022.
En este sentido, Recuenco ha anunciado que volverá «a intentarlo» por vía de la negociación con la oposición. «Vamos a volver a intentarlo, tenemos la obligación de insistir a la oposición para que tenga un toque de responsabilidad y que nos apoye», ha señalado tras afirmar que el impago de estas sentencias hacer que haya empresas que «no han cobrado y entidades».
Agotada esta última iniciativa, el alcalde ha advertido que el Ejecutivo local (PP y ULEG) deberá comunicar «al juzgado diciendo que no se pueden cumplir las sentencias con esa obligación porque no tenemos la mayoría suficiente para hacer el pago». «Evidentemente -ha agregado-, el juez actuará en consecuencia».
Entre las cantidades reclamadas están los 2,7 millones a Cadema Informática SL por un justiprecio relativo a una expropiación de la que resulta beneficiario el Ayuntamiento de Leganés. Según fuentes municipales, existe sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmando la valoración, así como una demanda contencioso administrativa contra la inactividad de esta administración por inejecución de la resolución firme de 24 de octubre de 2019 del Jurado Territorial de expropiación, confirmada en reposición el 21 de enero de 2020.
Otros 398.487 euros corresponden a Realia Patrimonio SLU por intereses de demora con ejecución de títulos judiciales, y 45.404 euros a Harado de Construcciones y Asistencia Técnica SL por intereses de demora. Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Madrid.
Por último, hay 16.519 euros que se adeudan a ALD Automotive SA, principal de la deuda, según el auto del Juzgado Contencioso Administrativo número 22 de Madrid.
Recurso de residencias
Por otro lado, el alcalde ha confirmado a Noticias para Municipios que desconoce si la asesoría jurídica municipal ha formalizado ante el Tribunal Supremo el recurso de casación para que se siga investigando las muertes de personas mayores en las residencias durante los picos más duros de la pandemia, en 2020.
El plazo para formalizar el recurso acabó el pasado 13 de marzo, y se desconoce oficialmente si se ha tramitado. En este punto, el primer edil se ha ratificado que Alcaldía no se ha metido en esa situación que recayó en el jefe de la asesoría jurídica para no utilizar esto de «manera torticera».
