El Partido Popular de Leganés propondrá en el pleno de este jueves que los seis
locales de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) que están
actualmente vacíos se trasformen en viviendas para dar una «solución estable para vivienda de emergencia social» que palien eventualidades como desahucios y objetivas contingencias económicas, malos tratos, siniestros de hogares o circunstancias imprevistas.
En este sentido, el PP ha asegurado que «en ningún caso serían usadas como viviendas permanentes», después del reciente caso de una madre soltera con cinco hijos, tres de ellos menores de edad, que fueron desahuciados de una vivienda municipal y la «incapacidad del Ayuntamiento para reaccionar y encontrar una solución habitacional para la familia».
“El gobierno debe abordar con seriedad este problema y empezar a dar soluciones estables en materia de viviendas de emergencia social. Le ofrecemos una propuesta para que Leganés sea una ciudad más solidaria y más humana», ha manifestado el
portavoz del Partido Popular de Leganés, Miguel Ángel Recuenco.
Según los ‘populares’, «más allá del debate que puedan provocar los incumplimientos de los inquilinos o la titularidad de la propiedad, la propia Empresa Municipal del Suelo de Leganés, perteneciente a un Ayuntamiento cuyo gobierno predica sin dar ejemplo de su altísima preocupación por los servicios sociales, lo cierto es que tres menores de
edad quedaron automáticamente en la calle».
ULEG, contra las privatizaciones
Por su lado, el partido independiente Unión por Leganés (ULEG) pondrá énfasis durante la sesión plenaria en la externalización de servicios, entre ellos, el del laboratorio municipal, que «será una nueva ‘víctima’ en la larga lista de servicios públicos privatizados por el gobierno ‘socialista’ de Leganés».
En una moción, los independientes mostrarán «su absoluto rechazo y disconformidad a la privatización» e instarán al Ejecutivo local «a que dé marcha atrás a la ‘externalización’ del laboratorio municipal» para que «retome su función como un recurso público de gestión directa».
Por otra parte, ULEG ha denunciado la licitación de un nuevo contrato de reciclado de papel y cartón, que incluye cláusulas para que «la futura empresa adjudicataria asuma de facto una parte de la recogida de residuos sólidos urbanos».
Según Delgado «el nuevo contrato tiene cláusulas y datos que contradicen el reciente discurso del alcalde presuntamente socialista de Leganés donde aseguraba que ya no habría más privatizaciones: con la jugada del contrato para el papel y cartón se privatiza una gran parte de la recogida de basura».
