Hace unos días ya avanzamos que ninguno de los dos candidatos de las elecciones para nuevo rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Fernando García Muiña y Abraham Duarte, había alcanzado el 50% de los votos en las elecciones de este miércoles. Por ello, se enfrentarán el próximo 29 de abril en una segunda vuelta.
Según los resultados, García Muiña, que ejercía hasta ahora como vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, obtuvo un 49,11% de los votos, mientras que Duarte, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, se se quedó con un 46,60%.
A falta de revisar los votos nulos y las actas de las mesas, al no llegar ninguno de los dos aspirantes al 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta en la que la votación será el 29 de abril, y el 9 de mayo se proclamarán los resultados oficiales.
De esta manera, habrá que esperar hasta después de Semana Santa para conocer quien será el sustituto de Javier Ramos, que hace casi cuatro años revalidó su cargo de rector tras imponerse también en segunda vuelta al exconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken.
Acusaciones de «juego sucio» en la Rey Juan Carlos
Entre medias, se avecina una segunda campaña electoral polémica y ya han aparecido los primeros enfrentamientos entre las candidaturas con acusaciones de «bulos» y «juego sucio», además de denunciar presiones por parte de ambas candidaturas.
Desde sindicatos como UGT han querido manifestar su «profunda preocupación por la proliferación de bulos, medias verdades y estrategias de desinformación que han marcado algunos momentos de la campaña de la primera vuelta del proceso electoral que sigue vivo».
En este sentido, el candidato Fernando García Muiña ha tenido que salir a desmentir en sus redes sociales algunas informaciones que ha tachado de «completamente falsas», como que quería eliminar la Universidad de Mayores, el Coro de la URJC o incluso los Cursos de Verano.
Por su parte, el otro candidato, Abraham Duarte, que se presenta como ‘el candidato del cambio’, ha pedido también que no haya «juego sucio» entre candidatos, especialmente en el primer debate electoral que se va a celebrar en la historia de la URJC.
Presiones al personal universitario
Además, durante los últimos días, desde las distintas secciones sindicales de la universidad, han denunciado la existencia de diversas formas de presión al personal universitario «para influir en su voto en las elecciones», presiones que «se siguen produciendo de cara a la segunda vuelta de las elecciones».
«Desde las secciones sindicales de CCOO, CSIF, CSIT y UGT valoramos este tipo de actitudes y conductas, realizadas por algunos altos cargos de la URJC, como poco democráticas e impropias de una universidad«, han señalado en un comunicado conjunto, donde han insistido en estas presiones.
Con vistas a la segunda vuelta, estos sindicatos hacen «un llamamiento a todos los participantes en el proceso electoral para que actúen con responsabilidad y contribuyan a su buen desarrollo, evitando que se repitan estas situaciones inadmisibles».
Los sindicatos piden juego limpio en la Rey Juan Carlos
«Y con el fin de conseguir un proceso libre, desde CCOO, CSIF, CSIT y UGT pondremos en marcha los mecanismos necesarios para garantizarlo y, en caso de que sea preciso, se adoptarán las medidas necesarias ante los órganos competentes para depurar posibles responsabilidades individuales, asesorando y dando cobertura legal y jurídica a aquellos compañeros o compañeras que lo soliciten», han añadido.
Así mismo, todas las secciones sindicales han solicitado a los candidatos a rector de la Rey Juan Carlos que «se les acredite como observadores neutrales de cara a la segunda vuelta, a fin de evitar que se repitan o se tenga la tentación de repetir este tipo de situaciones».
«La Universidad Rey Juan Carlos es y debe seguir siendo un espacio de formación rigurosa, investigación contrastada y transferencia de conocimiento basada en la evidencia. En este contexto, el uso intencionado de datos manipulados, la difusión de rumores interesados o el señalamiento personal sin pruebas no solo son inaceptables, sino que suponen una amenaza directa a la calidad del proceso democrático que estamos viviendo», han zanjado.