Los municipios de Fuenlabrada y Pozuelo de Alarcón se enfrentan en estos meses a la incertidumbre por el número de menores migrantes que llegarán a ambas localidades merced al acuerdo del reparto de Canarias acordado por el Gobierno central y las Comunidades Autónomas y por el auto del Tribunal Supremo que obliga al Ejecutivo a hacerse cargo de unos mil menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo.
El primer acuerdo establecía la llegada a Madrid de unos 800 migrantes, lo que aireó las críticas de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cuya Administración, como competente en la materia, aseguró que el centro de menores de La Cantueña de Fuenlabrada reunía los requisitos para acoger en primera estancia al grueso de los jóvenes que correspondiesen a Madrid.
A día de hoy, Fuenlabrada desconoce cuántos migrantes siquiera hay en La Cantueña actualmente. Fuentes municipales mantienen que la Comunidad de Madrid en ningún momento les ha informado directamente de la situación en este enclave. «No sabemos cuántos hay, cuántos vienen o cuáles son los problemas que hay en el centro», insisten.
Riesgo de «hacinamiento» en Pozuelo
En Pozuelo de Alarcón, municipio gobernado por el PP, mantienen un estado de alerta similar después de conocerse que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones habría ofrecido 400 plazas en el CREADE de Pozuelo. Ante la previsión de que se traslade a 400 menores, la alcaldesa, Paloma Tejero, ha asegurado que el centro del municipio está ocupado «casi al 83%» y ha alertado del «hacinamiento».
«Si se ha hablado de hacinamiento con 96 menores en Fuenlabrada, no puede ser que 400 no suponga un hacinamiento, y sobre todo porque está en un entorno donde produce mucha sensación de inseguridad, al lado de un colegio, al lado de una residencia hotelera donde fundamentalmente viven estudiantes universitarios, que va a generar un caos en la zona y se ha generado una gran alarma entre nuestros vecinos», ha expresado la regidora.
En Fuenlabrada entienden el sentir de Pozuelo. Aseguran que ven «mal» la llegada de 400 menores a un único centro, «da igual que sea en Pozuelo o Fuenlabrada». También creen que es indiferente que sean personas migrantes o del país. «Con 400 es incontrolable, da igual que sean migrantes o no. Con esas cifras es imposible trabajar», agrega un portavoz municipal a Noticias para Municipios.
El caso de Alcalá
El detonante de esta incertidumbre viene marcado en parte por los últimos sucesos en Alcalá de Henares tras la detención de un joven de Mali interno del centro de menores de la localidad como presunto autor de una violación a una chica de 21 años el pasado sábado.
Este hecho aireó las protestas y movilizaciones de una parte de la ciudadanía, y las críticas de la alcaldesa, la ‘popular’ Judith Piquet, quien ha pedido el cierre de este centro por la inseguridad creciente en la zona.
Para el delegado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en cambio, Alcalá es una ciudad segura.
«A lo largo de 2024 en Alcalá de Henares hubo trece agresiones sexuales con penetración, y en el primer trimestre de este 2025 ha habido cinco. En ninguna de ellas -ha agregado- ha habido una respuesta por parte de la alcaldesa ni por parte del PP de preocupación ni de persecución del agresor ni del colectivo al que pudiera pertenecer ese agresor. No les hemos escuchado nunca preocuparse por de dónde venía el responsable de cada una de estas agresiones sexuales. Sí ahora, qué curioso ¿No?», ha detallado el delegado.
¿Inmigración = inseguridad?
Consultado por la postura del Gobierno regional sobre la vinculación de la inmigración con la inseguridad, Martín ha señalado que esto es «una gran mentira» porque no hay datos que, a su juicio, lo sustente. «Es francamente injusto porque las personas en una situación de mayor vulnerabilidad, jamás se merecen este trato migratorio por parte de los responsables públicos», ha reprochado.
La situaciones ‘violentas’ que se generan en estos centros y su entorno urbano es uno de los principales reproches de los municipios. En La Cantueña, el pasado abril una macro-reyerta entre internos acabó con 12 menores detenidos y siete trabajadores heridos. Los altercados se siguen sucediendo, según la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino.
La diputada regional ha difundido en redes el número de incidencias en el centro fuenlabreño: «439 en 3 meses que han puesto en peligro la vida y la integridad de los trabajadores», ha cuantificado tras asegurar que, al fin y al cabo, son recursos que «salen del bolsillo de todos los madrileños».
