La Fiscalía pide 8 años de inhabilitación para Fernando Lázaro y Paz Álvarez
GETAFE/ 23 DE FEBRERO DE 2021/ El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Getafe ha dictado la apertura de juicio oral contra los concejales del PP Fernando Lázaro y Paz Álvarez por un presunto delito de prevaricación administrativa vinculado al proyecto de construcción de un Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas en el viejo Teatro de la ciudad, ubicado en el número 50 de la calle Madrid.
En un auto fechado el pasado 5 de febrero, el juez ratifica la solicitud de la acusación particular y de la propia Fiscalía por el delito tipificado en el artículo 404 del Código Penal y deriva la causa en el Juzgado de lo Penal.
Junto a la apertura del juicio oral, la Fiscalía pide para los dos acusados hasta 8 años de inhabilitación especial para cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por la tramitación de los contratos pertinentes para realizar el proyecto de remodelación del Teatro Madrid.
Los hechos se produjeron entre 2011 y 2015, cuando Lázaro era concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Getafe y máximo responsable de la empresa municipal GISA y Álvarez era la concejala de Urbanismo del equipo de gobierno que entonces dirigía el diputado autonómico del PP Juan Soler.
“Huir de la legalidad”
En el escrito de la Fiscalía se apunta a que tanto la redacción del proyecto de derribo del antiguo teatro como la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras se realizaron mediante una encomienda de gestión a GISA, “con el ánimo de huir de la legalidad vigente” y el de “evitar los controles a los que obligaba un procedimiento de concurso público”.
“En ningún caso se acreditó que en Getafe existiera necesidad alguna del uso de la encomienda de gestión”, insiste el fiscal en su escrito de acusación, señalando que realizar los contratos a través de GISA permitía el procedimiento negociado sin publicidad, ya que los contratos tenían un valor estimado inferior a 100.000 euros.
En concreto, la Fiscalía considera a Paz Álvarez como cooperadora necesaria de un delito de prevaricación administrativa como responsable de llevar a un pleno de noviembre de 2012 la propuesta de la encomienda de gestión a GISA, mientras que considera autor del delito a Fernando Lázaro, quien aprobó la adjudicación de los proyectos y es en la actualidad miembro del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Getafe.
El mismo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Getafe ya dictó en noviembre un auto en el que mantenía las acusaciones contra Lázaro y Álvarez, sobreseyendo y archivando la causa abierta contra un total de 41 investigados, entre los que se encontraba el ex alcalde de Getafe Juan Soler, cuya imputación ya fue revocada por un defecto en la tramitación del caso, ya que el Juez de Instrucción “carecía de competencia objetiva para sustanciar la investigación”, toda vez que Soler era senador y gozaba de aforamiento.
El juez ha ratificado la situación de libertad provisional de los dos acusados.