Firman la convocatoria de un Pleno extraordinario para debatir el asunto
FUENLABRADA / 20 OCTUBRE 2020 / Los grupos de la oposición en Fuenlabrada del PP, Ciudadanos (Cs) y Vox han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para constituir una comisión especial de investigación tras acordar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anular el nombramiento de más de una veintena de funcionarios en un organismo autónomo del Ayuntamiento, muchos de ellos con vinculaciones familiares a miembros del Gobierno local.
Los ediles de Vox han sumado los votos a los del PP y Cs para solicitar en el Orden del Día la creación de una Comisión de Investigación “tras la sentencia ‘anti-enchufismo’ del TSJM de una denuncia presentada y sostenida, en sus recursos, hasta dicha sentencia por el sindicato CSIF”.
Vox trasladó esta iniciativa a los cuatro grupos de la oposición la semana pasada y este martes ha sido registrada por los tres grupos que la han avalado. De dicha
convocatoria se ha desmarcado Unidas Podemos.
El concejal de Vox Carlos Martínez ha justificado la petición de investigación porque “las evidencias, ahora ratificadas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, son muchas durante estos 40 años de régimen”.
Mientras, la portavoz del PP, Noelia Nuñez, ha señalado que “no es la primera vez que un proceso de funcionarización se pone en entredicho en Fuenlabrada”. “Es sabido en Fuenlabrada -ha agregado- que el Ayuntamiento en una casa familiar, pero no porque sean mas o menos familiares con el trato hacia los vecinos, sino porque existen verdaderas familias en la casa, desde abuelos y nietos hasta mujeres, primos, amigos y, por supuesto, afiliados del partido socialista”.
Asumir responsabilidades
Entretanto, la portavoz de Cs, Patricia de Frutos, ha indicado que “alguien debe asumir responsabilidades por este escándalo, que demuestra una vez más el nepotismo del PSOE”.
Según la edil, “se convirtió en funcionarios a familiares, como la esposa del alcalde o amigos de UGT, saltándose todo proceso requerido legalmente” lo que, ha recordado, “rompe completamente con los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y seguridad jurídica que se presuponen en estos procesos”.
Por su lado, fuentes municipales han considerado que el proceso para cubrir las plazas “se hizo de manera correcta y escrupulosa”. De hecho -según han recordado-, “el juez no pone en ningún momento en duda la legalidad y la limpieza del proceso, sino que existe una discrepancia en el punto de partida de los trabajadores y trabajadoras: si eran indefinidos o fijos (concepto de interpretación variable entre el mundo laboral y la administración pública)”.
En este punto, han desmentido que “haya nombramientos a dedo ni procesos selectivos a medida”. “Se trata de una cuestión que se aprobó en 2004 en un pleno, por unanimidad de todos los grupos políticos y con todos los informes favorables”, ha anotado.
