La médico de familia y directora del Centro de Salud ‘Cuzco’ de Fuenlabrada, Mar Moguerol, ha anunciado que llevará a la Comunidad de Madrid ante los juzgados por haber sido suspendida de empleo y sueldo durante diez meses en su ejercicio profesional.

En un comunicado, ésta asegura que emprende «la denuncia a la Consejería de Sanidad ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Comunidad de Madrid con la presentación de un recurso contencioso administrativo». Para ello, asegura que dispone de dos meses de plazo y adelanta que «pedirá la suspensión cautelar de la ejecución de la ‘sentencia’ por los daños irreparables que causaría a mi persona, a mis compañeros y a mis pacientes de hace 25 años».

El anuncio llega después de que la Viceconsejería de Gestión Económica de la Comunidad de Madrid le notificase el pasado día 31 la denegación al recurso de alzada que interpuso el 20 de julio contra la sanción.

La galena recuerda que los hechos que motivaron el expediente disciplinario «se remontan a dos enfrentamientos con el servicio de Contratación por la suplencia de dos bajas de la unidad de atención al usuario». «Nos encontrábamos en las situaciones extremas que vivimos en los centros en abril y junio de 2021, en plena cuarta ola y haciendo los cambios de agendas para la atención presencial», justifica.

El centro de salud de la calle Cuzco, en Fuenlabrada, durante la pandemia (Foto: D.G.Castillejo)

Tras ello, asegura que, a raíz de esos problemas acontecidos en dos días, que «representan el 0,1% de las suplencias por bajas tan solo en dicha unidad en los 4 años previos, me imputaron el cargo de haber ‘estado realizando la cobertura de las sustituciones por incapacidad temporal de los profesionales de su centro, en un elevado porcentaje, con los candidatos que elige’, candidatos o sustitutos -esgrime- cuyos contratos fueron, como siempre, pues no es competencia de los directores la elección de la contratación, realizados por el Servicio de Contratación de Recursos Humanos».

Noguerol considera que lo «más grave es que la sanción impuesta de suspensión de funciones de 10 meses, implica que ‘la expedientada no puede ejercer función alguna ni directiva ni asistencial'». «Es decir -aclara-, por una supuesta falta cometida en el ejercicio de una función directiva, se extiende la sanción al ejercicio profesional que no ha sido objeto de ningún cuestionamiento ni expediente».

‘A casa’ en un momento de falta de médicos

La médica ha cuestionado que en un momento en que la Comunidad de Madrid necesita médicos y en que más de 600.000 pacientes carecen de médico de familia asignado, «se permiten dejarme diez meses sin trabajar». «En este momento en que no abren centros de urgencia (ahora PAC, antes SUAP y SAR) o los que abren no tienen en su mayoría médico -añade-, me mandan a mi casa sin poder trabajar 10 meses».

Tras ello, Mar Noguerol ratifica su «compromiso inquebrantable con la sanidad pública, la atención primaria, la calidad y seguridad en la atención al paciente, y la dignidad profesional», y anima a la ciudadanía a «secundar las movilizaciones en defensa de nuestro sistema sanitario público y de los profesionales de la sanidad pública, cuya próxima estación es la manifestación del domingo 13 de noviembre«.

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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