La Sala de lo Civil y Penal estima parcialmente los recursos de dos de los condenados por el Jurado Popular

FUENLABRADA / 11 ABRIL 2017 / La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la exvicealcaldesa de Fuenlabrada y portavoz de IU-CM, Teresa Fernández, y ha rebajado la pena de un año de cárcel a seis meses y un día tras declararla culpable un tribunal del jurado popular el pasado noviembre por un delito de malveración de caudales públicos.

La Sala rebaja también la inhabilitación de cargo público de un año a seis meses, así como la multa impuesta, de tres a dos meses meses a razón de una cuota diaria de 10 euros. Por el contrario, ha confirmado el resto de los pronunciamientos de la sentencia inicial, “sin especial imposición delas costas de este recurso”.

La Sala ha estimado también en el mismo sentido el recurso de otro de los acusados, Francisco José Hernández, y ordena la aplicación para el tercer acusado del procedimiento, Victoriano Aguado.

Estas reducciones responden al hecho de que se aplica a los acusados “el Código Penal en la redacción anterior a la Ley Orgánica 1/2015”.

Los antecedentes

El magistrado del Tribunal del Jurado consideró probado, el pasado noviembre, que la exedil se benefició de material y personal municipal para arreglar la fachada del chalé de un familiar y apunta que las penas, si bien por una cantidad malversada pequeña (179 euros), responden a que los procesados no la han repuesto a las arcas municipales.

Los magistrados dieron por acreditado que se utilizaron “medios públicos, tanto materiales como humanos, para realizar una serie de obras en los muros exteriores de la vivienda particular”.

En los hechos probados, la sentencia recogía que, en mayo de 2012, la acusada recibió un requerimiento del arquitecto técnico del Ayuntamiento para que efectuara unas obras en su domicilio para evitar unas filtraciones de agua.

En su propio beneficio, según el fallo, “encargó verbalmente la realización de estas obras” a un funcionario municipal, un encargo que aceptó tras consultar al acusado Hernández Gómez, asesor de la concejalía.

Una vez comenzadas las obras, se interrumpieron dado que se personó en el lugar una dotación de la Policía local de Fuenlabrada. Sobre la factura que presentó Teresa Fernández de una empresa privada, la Audiencia consideró que “es compatible” que se contrataran las obras después de quedar paralizadas en primera instancia por Policía Local.

El recurso

Tras conocerse la sentencia, la defensa de Teresa Fernández argumentó que se había vulnerado su presunción de inocencia, ya que, a su entender, no había prueba de cargo suficiente para el veredicto de culpabilidad.

Sin embargo, la Sala lo ha desestimado al considerar que, a raíz las declaraciones del juicio, “se dan en este caso los elementos corroboradores que permiten valorarla como prueba de cargo válida para desvirtuar la presunción de inocencia”.

Considera, así, que hay “prueba de que la acusada encomendó a un funcionario municipal la obra que necesitaba realizar en su vivienda para cumplir un requerimiento municipal, y de que, por el contrario, no contactó ni directa ni indirectamente con una empresa privada, Duriba, para la realización de esas obras”.

La Sala del TSJM ha desestimado también el argumento de que no existió “uso ajeno a la función pública”, pues se estaba “obedeciendo a un requerimiento municipal” para arreglar la fachada.

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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