La jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés, que instruye una de las causas sobre muertes en residencias durante la primera ola de la pandemia, se ha inhibido a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid.
Así lo había solicitado uno de los imputados al investigar los mismos hechos relativos a un supuesto trato discriminatorio en la atención sanitaria.
Con ello, la magistrada María Pilar Esteban suspende las declaraciones que estaban previstas para el próximo martes. Estaban citados los exaltos cargos del Gobierno regional Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca.
Las comparecencias se fijaban en el marco del procedimiento en el que se investiga una querella de ‘Mareas de Residencias’ por discriminación en la asistencia sanitarios a dos ancianos que fallecieron en una residencia de Leganés.
La jueza de Leganés alega que el juzgado de la capital está «investigando con anterioridad los mismos hechos».
Ahora, la jueza Isabel Durante deberá decidir si acepta la acumulación de la citada causa. El abogado de uno Martínez Peromingo, ya ha presentado un escrito en el Juzgado 3 de Madrid pidiendo la acumulación de diversas causas.
Citaciones como imputados
En este Juzgado estaban citados para declarar como imputados, el pasado 26 de mayo, Francisco Javier Martínez Peromingo, Carlos Mur y Antonio Burgueño, este último nombrado en su día asesor principal de Ayuso para luchar contra la pandemia. Las declaraciones se suspendieron después de que los imputados alegaran que no se les había dado traslado de las actuaciones.
El pasado martes, el juez tomó declaración como testigo al exconsejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero, quien manifestó que los protocolos de derivación de residentes a hospitales aplicaron criterios discriminatorios en la atención sanitaria.
El juez de Instrucción número 6 de Leganés interrogó además al presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón; al exasesor Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como asesor de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para la lucha contra la pandemia; y a las dos querellantes.
Imputación de delitos
A los investigados se les imputa la presunta comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. El procedimiento se encontraba archivado provisionalmente, pero fue reabierto el 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial.
La jueza suspendió la declaración de Burgueño a instancias del fiscal después de que éste relatara que fue citado por vía telefónica por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a una reunión el 11 de marzo en el que se le planteó que debía haber un mando único sanitario en relación a la pandemia.
En la reunión estaba además Miguel Ángel Rodríguez y el exconsejero Enrique Ruiz Escudero. Se le nombró entonces mando único para gestionar la pandemia.
