La Audiencia Nacional ha condenado a 29 personas, entre ellas seis exalcaldes de distintos municipios de la Comunidad de Madrid, por delitos de corrupción relacionados con la adjudicación de contratos millonarios a la empresa Cofely a cambio de comisiones entre los años 2012 y 2014. Los seis exalcaldes han sido condenados en el marco de la conocida como ‘trama Púnica‘.
La pena más elevada corresponde a David Marjaliza, considerado el «conseguidor» de la trama y antiguo socio de Francisco Granados, que no ha sido juzgado en esta causa. La Audiencia le ha impuesto una condena de ocho años y dos meses de prisión.
Dentro de la trama Púnica también han sido condenados a penas de prisión varios exalcaldes: el de Móstoles, Daniel Ortiz Espejo (3 años de cárcel); el de Collado Villalba, Agustín Juárez (4 años y medio); y el de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada (4 años y medio), todos ellos del Partido Popular.
A ellos se suman Antonio Sánchez Fernández, exalcalde independiente de Serranillos del Valle (3 años de cárcel), y José María Fraile, exregidor socialista de Parla (2 años). Asimismo, han sido condenados los hermanos Alejandro y Mario Utrilla: el primero fue exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles y el segundo, exdiputado regional del PP y exalcalde de Sevilla la Nueva.
En el caso del exalcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, del PP, la condena consiste en una pena de inhabilitación especial. Por otro lado, han resultado absueltos José García Lobato, exalcalde de Almendralejo (Badajoz), y José Carlos Boza, exalcalde de Valdemoro, ambos del mismo partido.
Entre las condenas, también se encuentran los nombres del entonces director general de Cofely, Didier Roger Maurice; el exdirector comercial Constantino Álvarez; y el que fuera también director comercial de la empresa, Pedro García Pérez. A la mercantil Cofely se le ha impuesto una multa superior a los 3,5 millones de euros.
El tribunal ha declarado culpables a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas juzgadas en la pieza seis del caso Púnica por «prácticas corruptas». Según recoge la sentencia, los directivos de Cofely y David Marjaliza actuaron como una organización criminal con el objetivo de obtener adjudicaciones de contratos municipales.
Dilación indebida
A varios de los condenados se les han aplicado atenuantes como la confesión tardía, las dilaciones indebidas y la reparación del daño. La Audiencia Nacional ha reconocido que la sentencia se dicta once años después del inicio del procedimiento, que comenzó en junio de 2014. Esta demora se atribuye, entre otros factores, a «la sobrecarga de macrocausas que padece la Sala Penal de la Audiencia Nacional».
Hasta ahora, el principal acusado del caso Púnica, Francisco Granados, solo ha sido juzgado por una causa secundaria relacionada con un chivatazo recibido por parte de un guardia civil mientras estaba siendo investigado.
