El ‘Caso Cofely’, visto para sentencia. La Audiencia Nacional ha dado por concluido el juicio a 36 acusados de esta pieza separada del ‘caso Púnica’, entre ellos el exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz (PP), por la adjudicación un contrato millonario a la empresa Cofely a cambio supuestamente de comisiones y dádivas.
Casi seis meses después de su inicio concluye la vista de esta pieza del caso Púnica en la que las fiscales anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá han aplicado en sus solicitudes definitivas de penas para todos los acusados la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento.
Así, han pedido cinco años de cárcel para el exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz; otros cinco años para el exalcalde de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada; seis años y seis meses de cárcel para el exalcalde de Collado Villalba Agustín Juárez; y cuatro años y medio para el de Sevilla la Nueva Mario Utrilla.
La Fiscalía rebaja su petición de condena
La Fiscalía sostiene que estas adjudicaciones se hicieron a cambio de supuestas dádivas y comisiones, aunque Ortiz siempre ha negado las acusaciones y ha asegurado siempre que las contrataciones se realizaron conforme a la legalidad.
En su declaración de la semana pasada, el exalcalde de Móstoles volvió a negar haber cometido los delitos de cohecho y revelación de información reservada por los que la Fiscalía solicitaba que se le impusiera seis años de cárcel, según señalaron a Noticias para Municipios fuentes judiciales.
Aún así, la Fiscalía Anticorrupción mantiene que hay indicios suficientes para pedir penas de prisión para Ortiz y para otros tres exregidores: Agustín Juárez (Collado Villalba), Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio) y Mario Utrilla (Sevilla la Nueva).
De todas formas, las fiscales han reducido de una forma más significativa sus peticiones de condena para catorce acusados que confesaron los hechos y también para algunos de los exalcaldes, como el propio Daniel Ortiz, que en un principio se enfrentaba a seis años de cárcel.
Sospechas de ‘amaño’ en el Caso Cofely
Daniel Ortiz firmó en el año 2014 uno de los mayores contratos de la historia del municipio de Móstoles, por más de 73 millones de euros, con la empresa Cofely, y la justicia está investigando desde hace años presuntas mordidas en esta adjudicación, lo que ha llevado al banquillo al exalcalde del PP.
Se trataba del contrato para el suministro y mantenimiento integral de los edificios y centros educativos municipales, un contrato que se extendía durante 12 años y que se sospecha que se adjudicó a cambio de unas supuestas comisiones tanto al exalcalde Daniel Ortiz como a su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla.
Según señalan estas fuentes, Ortiz se limitó a ratificar la declaración que prestó en 2016 ante el juez instructor de la causa en relación con el contrato adjudicado en 2014 por el Ayuntamiento de Móstoles a Cofely por más de 60 millones de euros.
También ha declarado en los últimos días el exalcalde de Sevilla la Nueva Mario Utrilla Palombi y su hermano Alejandro, que precisamente era concejal de Medio Ambiente de Móstoles en la época de los hechos. Ambos han negado también que cobraran comisiones por facilitar la adjudicación del contrato a Cofely en Móstoles.
Móstoles rescindió el contrato en 2020
A pesar de que el juicio por el ‘Caso Cofely aún no tiene sentencia, el contrato con Cofely ya es historia. El Ayuntamiento ha inició en 2018 el proceso de rescisión del contrato ante la “grave desatención de las necesidades de mantenimiento de instalaciones, centros educativos y edificios públicos, al margen de los costes inasumibles cuyos beneficios para terceros desentrañan actualmente los tribunales”.
En junio de 2020 se cerraba el proceso y finaliza toda relación contractual con Cofely para el suministro y mantenimiento integral de los edificios y centros educativos municipales, asumiendo desde entonces el Consistorio la gestión directa de estos servicios.
Posteriormente, tras finalizar el expediente de liquidación con la empresa Cofely, el Ayuntamiento desveló que habían sido más de 6 millones de euros «los daños y perjuicios causados al Consistorio» tras el incumplimiento de este contrato investigado en la trama Púnica.