Auditorías externas han desvelado presuntas irregularidades e indicios de incumplimiento de contrato
COLLADO VILLALBA / 10 MAYO 2021 / Esta mañana se ha aprobado por unanimidad en el Pleno, convocado de manera extraordinaria, comenzar un procedimiento para imponer las multas o sanciones que correspondan a la empresa concesionaria por incumplimiento del contrato en la explotación de los aparcamientos subterráneos de Honorio Lozano y la Biblioteca Municipal Miguel Hernández, situados junto al túnel que atraviesa el centro de Villalba.
Son numerosas las presuntas irregularidades que se han detectado en el análisis de este servicio, según se ha explicado esta mañana durante el Pleno. Desde los gastos de conservación, que se han cuantificado en un 65% menos de lo que se había previsto en el plan financiero, pasando por un sobrecoste pagado durante años por un IPC mal aplicado, la no inclusión en la concesionaria de un fondo de reversión o la cesión de derechos de cobros y subcontratación de personal, es muy amplio el número de presuntos incumplimientos y problemas derivados de este contrato con la empresa responsable del aparcamiento subterráneo del túnel que une las calles Honorio Lozano y Batalla de Bailén.
Así lo ha explicado esta mañana el concejal de Contratación, Bernardo Arroyo, al que diferentes grupos de la oposición como Unidas por Collado Villalba, PSOE y Más Madrid, además del PP, han agradecido su labor destacando el interés y el trabajo desarrollado por el edil de Ciudadanos para controlar este asunto.
En enero de 2020, ha relatado el edil, se presentó por parte de la concesionaria la factura correspondiente al canon de la concesión de aparcamiento subterráneo de 2019 (el canon anual es de 1.750.000 euros) sin que se acompañara la documentación que debía aportarse para dar conformidad al pago. En los justificantes que finalmente la empresa entrega al Ayuntamiento, se detectan diferentes problemas, que terminan por formar parte de una auditoría sobre el periodo de 2015 a 2019, años sobre los que aún es posible cotejar los datos con el Registro Mercantil y poder reclamar.
Arroyo ha detallado que la auditoría ha encontrado que «la empresa no cumple el plan económico-financiero en el apartado de inversión, hay una diferencia de 742.030 euros. Es decir, han hecho un 1,94% de las inversiones exigidas. Además, hay un compromiso de mantenimiento con diferencia de un gasto inferior a un 65% (423.653 euros)».
Junto a todo eso, ha concretado el concejal, falta documentación, hay irregularidades contables, existe un cálculo erróneo del cobro por el IPC en contra del Ayuntamiento, lo que ha derivado en un sobrecoste del servicio, se ha subcontratado plantilla sin informar al Ayuntamiento, al que tampoco se ha comunicado la cesión del derecho de cobro a una tercer empresa, «y se falta a la verdad por las inversiones que luego no corresponde a las facturas presentadas».
Todos esos incumplimientos, «muchos graves», ha destacado Arroyo, «nos obligan a incoar este expediente». Sobre las posibles sanciones a las que se puede enfrentar la empresa concesionaria en caso de que este expediente salga adelante, se podría exigir multas, el secuestro de la concesión o, incluso, la caducidad de la concesión con la recuperación del título concesional por parte de la Administración. «El Ayuntamiento ha cumplido al 100% con todas las exigencias del plan económico financiero y es la concesionaria la que no ha cumplido su parte, con un perjuicio evidente a las arcas públicas».
Arroyo ha calificado su trabajo, ante el reconocimiento tanto de la oposición como de su socio en el Ejecutivo local, de «ejercicio de una gestión de Gobierno responsable por parte del equipo de Gobierno actual que asume las cuestiones» y ha defendido que es necesaria una aclaración de lo que supone esta concesión para el municipio.
«La situación es dramática, a nadie le gusta que le engañen y los vecinos de Villalba tienen motivos para sentirse engañados», ha rematado el edil.
Unanimidad de todos los grupos
Todos los grupos políticos han mostrado su apoyo al inicio del expediente contra la empresa concesionaria del «contrato más importante que tiene Villalba», según ha manifestado la portavoz de Vox, Ana de Dompablo. Junto a este trabajo de revisión de lo sucedido con esta concesión, los grupos han denunciado la falta de control de este contrato, sobre el que «nadie se encargaba desde hace años», han pedido analizar también periodos anteriores al 2015 (concretamente desde 2005) y algunos han anunciado que solicitarán responsabilidades políticas, una vez finalice el proceso, a quien tenía que haber controlado esta cuestión.
Vox ha calificado el contrato de esta concesión como el de «mayores consecuencias dramáticas para Villalba que ha derivado, incluso con la intervención del Ministerio de Hacienda» y ha recriminado que, desde 2005, «no se haya velado por los intereses de los vecinos». La edil ha señalado que existen «indicios suficientes para corroborar un absoluto incumplimiento de la concesionaria para con el Ayuntamiento, un incumplimiento que se ha concatenado a lo largo de 18 años».
La portavoz de Más Collado Villalba, Cristina Toral, ha estimado oportuno el inicio del procedimiento contra la concesionaria, «puestos de manifiesto los informes y la auditoría» que se han presentado.
Eva Morata, por parte de Unidas por Collado Villalba, ha lamentado que hay parte del sobrecoste que no se puede ya reclamar. «Este contrato, que es la ruina del municipio, igual podía ser menos ruina», ha señalado la portavoz, si se hubiera controlado antes. «No ha habido control. Que se investigue desde 2008 para llegar hasta el final, para recuperar si nos corresponde incluso la propia concesión», ha concluido la edil.
Vituco Alcolea, portavoz del PSOE, ha calificado esta cuestión de «gestión caótica» y ha señalado que «se ha deteriorado la calidad del servicio, además de tener un sobrecoste que no deberíamos haber pagado.» Alcolea ha acusado también de falta de control al equipo de Gobierno y ha pedido revisión desde el inicio del contrato para determinar los periodos que se puedan reclamar y pedir responsabilidades. «Levantemos las alfombras», ha rematado el socialista durante su voto.
«Contrato que huele»
Ante la intervención de Alcolea, la alcaldesa ha reaccionado afirmando «alucino colorines» y ha acusado al socialista de retorcer la situación. «Este contrato huele desde el inicio de los tiempos, huele a que desde que cada vez que se pagaba el canon alguien estaba cobrando», ha declarado la regidora. La alcaldesa ha recordado las manifestaciones celebradas contra la construcción del túnel, obra que ha calificado de «capricho» del socialista José Pablo González, alcalde entonces.
«Esta iniciativa es fruto del trabajo intenso realizado durante los últimos años, en contra del pago de un canon que se considera improcedente por las numerosas anomalías detectadas, y de una obra innecesaria para Collado Villalba ejecutada en la anterior etapa socialista, que está sufriendo todos los vecinos”. En 2017 se inició una auditoría, «porque esto ya era insostenible», ha recordado la regidora, «y seguíamos sintiendo que alguien cobraba cada vez que pagábamos el túnel de Honorio Lozano, alguien se lucraba con el dinero de todos los villalbinos».
Vargas ha expresado su deseo de llegar hasta el final en esta cuestión, «ojalá se depuren todo tipo de responsabilidades y ojalá podamos recuperar aunque sea una parte del canon». La esperanza de la alcaldesa es que «podamos rescatar la concesión si fuera posible».
Canon hasta 2046
El canon anual por este contrato asciende a 1.750.000 euros y la concesión se prolongará hasta 2046. Desde 2011 y hasta 2017 el Ayuntamiento de Collado Villalba se ha opuesto al pago del canon del túnel al haber detectado presuntas irregularidades, interponiendo diversos recursos. Los tribunales ya dieron la razón al Ayuntamiento en 2014 respecto al IVA adicional, que quería cobrar la empresa, lo que supone un ahorro a lo largo de la concesión de alrededor de 13 millones de euros. La ocupación de los dos parking durante estos años solo ha sido del 14%.
El punto ha salido adelante con los 23 votos a favor por unanimidad de toda la Corporación municipal.
