El Ayuntamiento de Móstoles/ Ayto. Móstoles
El Ayuntamiento de Móstoles/ Ayto. Móstoles

El juzgado de instrucción número 5 de Móstoles abrió diligencias en 2019 para esclarecer unos supuestos delitos en la adjudicación, por parte del Ayuntamiento, de una serie de contrato menores realizados a lo largo de 2016 y 2017 por el gobierno municipal, formado entonces por PSOE, Ganar Móstoles e IUCM.

La operación se enmarcaba en una denuncia interpuesta por el exdirector de Hacienda del Ayuntamiento, Sergio Gil, ante la Fiscalía, quien acabó presentando denuncia por los delitos de falsedad de documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.

En in principio, el juez estaba investigando una serie de gastos relacionados con unas reformas adjudicadas en varios colegios públicos de la localidad y en otros contratos en materia de servicios informáticos y de comunicación del consistorio.

Amplían la investigación iniciada en 2019 sobre una serie de contratos menores en Móstoles
Amplían la investigación iniciada en 2019 sobre una serie de contratos menores en Móstoles

Investigan nuevos contratos menores

La investigación judicial se centraba en unas fechas en las que el alcalde de Móstoles era el socialista David Lucas, aunque su sucesora, Noelia Posse (PSOE), también era en ese momento concejal de obras, infraestructuras, mantenimiento de vías públicas y festejos.

Sin embargo, tras varios años de investigación, el juez ha ampliado esta investigación sobre las presuntas irregularidades en contratos menores en el Ayuntamiento de Móstoles y ha abierto una pieza separada sobre una serie de adjudicaciones de «deportes e indumentaria laboral».

Según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado Noticias para Municipios, el juez ha llamado a declarar como investigados a 15 personas -concejales y técnicos municipales- y dos empresas por esta pieza separada en relación a otros contratos realizados desde la Concejalía de Presidencia, Seguridad Ciudadana y Movilidad y desde la Concejalía de Cultura, Festejos y Deportes.

David Lucas, alcalde de Móstoles junto a Noelia Posse, edil de Medioambiente, en la época en la que se investigan los contratos menores
David Lucas, alcalde de Móstoles junto a Noelia Posse, edil de Medioambiente, en la época en la que se investigan los contratos menores

Citan a declarar a exconcejales del PSOE y del PP

La novedad radica en que la investigación se remonta a otras fechas, salpicando a contratos de mandatos tanto del anterior Ejecutivo local del PP como el Gobierno municipal siguiente de PSOE, Ganar Móstoles e IU, que ya estaba siendo investigado.

Entre los citados a declarar como investigados se encuentran exconcejales del PSOE como, Agustín Martín, que fue concejal de deportes, obras, infraestructuras y Mantenimiento de Vías Públicas; Javier Gómez, que fue concejal de Hacienda, Patrimonio, Régimen interior y Contratación; o Roberto Sánchez, que fue concejal de Presidencia, Seguridad Ciudadana y Movilidad.

El juez también ha llamado a declarar a los exconcejales del PP en Móstoles, Francisco Vargas, que fue concejal de Deportes y Juventud; Mercedes Parrilla que fue concejala de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana; y Alberto Rodríguez de Rivera, el único que actualmente es concejal tras el regreso del PP al Ejecutivo local.

Los concejales del PP de Móstoles, Mercedes Parrilla; Mirina Cortés y Alberto Rodríguez de Rivera, durante su intervención en un pleno municipal anterior a la crisis del coronavirus.
Los concejales del PP de Móstoles, Mercedes Parrilla; Mirina Cortés y Alberto Rodríguez de Rivera, durante su intervención en un pleno/ Europa Press

Supervisión de contratos menores

Sobre la citación a Rodríguez de Rivera, que actualmente es segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Presidencia y Recursos Humanos, fuentes municipales han señalado a Noticias para Municipios que esta pieza separada solo le afecta «de forma tangencial».

Su señalamiento «se refiere a dos contratos menores: uno referido al suministro de de equipamiento deportivo y otro referido al suministro de indumentaria deportiva para los monitores del área de deportes«, explican estas fuentes.

Además, aclaran que, al tratarse de contrataciones menores, «el entonces concejal de Hacienda, Alberto Rodríguez de Rivera, firma la satisfacción del servicio, ya que podría haber incurrido en un delito de prevaricación al no abonar las facturas de un servicio que se ha prestado adecuadamente, al estar avalado por la conformidad previa de los técnicos municipales».

«Son las Concejalías de Deportes y Seguridad las que inician el procedimiento de contratación y dichos contratos cuentan con la conformidad de la viceintervención municipal, de otro habilitado nacional, así como de 4 técnicos municipales adscritos al área de deportes y otro técnico perteneciente al área de Seguridad«, recalcan estas fuentes.

Mirina Cortés y Alberto Rodríguez de Rivera, durante su intervención en un mitin
Mirina Cortés y Alberto Rodríguez de Rivera, durante su intervención en un mitin.

Declaración el 28 de enero

Aún así, Rodríguez de Rivera deberá acudir a declarar el próximo 28 de enero en la macro sala de Boadilla del Monte, junto al resto de personas citadas, en relación a los contratos realizados desde la Concejalía de Presidencia, Seguridad Ciudadana y Movilidad y desde la Concejalía de Cultura, Festejos y Deportes.

La UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) ya registró el ayuntamiento de Móstoles en septiembre y noviembre de 2020, en busca de información relacionada con contratos menores adjudicados sobre todo en 2016 y 2017.

Se llevaron documentación sobre gastos relacionados con las reformas en los colegios públicos de la localidad, y en otros contratos en materia de servicios informáticos y de comunicación del Consistorio. Ahora también se pone la lupa sobre la adquisición de material deportivo y otras contrataciones.