Según el PSOE, a la vista de la legislación y las sentencias judiciales, el proceso de funcionarización emprendido en 2011 “cumplía con los requisitos legales”
ALCORCÓN/ 13 SEPTIEMBRE 2017/ El Grupo Socialista exigirá en el Pleno que los responsables de la desfuncionarización afronten con su patrimonio individual “el perjuicio económico ocasionado”.
El concejal del PSOE, Daniel Rubio, ha manifestado que “el incumplimiento de los acuerdos plenarios en este ámbito ha implicado un perjuicio a los trabajadores desfuncionarizados y a las arcas municipales, con el pago de más de cuatro millones de euros de atrasos a la seguridad social y un coste anual de otro millón de euros en acciones judiciales”
Rubio se ha referido a la nueva sentencia “que avala una vez más el proceso de funcionarización llevado a cabo por el anterior Gobierno socialista impulsado para potenciar la estabilidad laboral y ahorrar gastos al Ayuntamiento en materia de gastos sociales, cerca de un millón de euros al año”.
“El alcalde, obcecado en reducir al máximo la plantilla municipal, como ocurrió con los más de 100 despidos que impulsó, y en evitar las garantías para la estabilidad que implicaba este proceso, inició un proceso de desfuncionarización de 600 trabajadores sin ningún tipo de base legal, tal y como señalan numerosas sentencias judiciales”, ha explicado.
Evaluar costes
Por este motivo, ha señalado que presentarán al próximo Pleno una moción para exigir la exigencia de responsabilidades patrimoniales individuales “a todas personas responsables de estas decisiones ilógicas con fondos públicos, bien por acción o mediante su voto emitido en órganos colegiados para proseguir con la vía judicial incumpliendo y a pesar de los acuerdos plenarios aprobados en sentido contrario”.
Además, “solicitaremos en dicha moción que por parte de los Servicios Municipales con competencia en la materia se evalúen los costes derivados de la desfuncionarización tanto en el ámbito de los seguros sociales como en lo referente a los distintos procesos judiciales y acordar, una vez más, la no interposición de ningún tipo de recurso a las decisiones judiciales”.
Asimismo, Rubio ha añadido que “esta iniciativa incluye exigir una vez más la dimisión del alcalde como máximo responsable de este atropello a los derechos de los trabajadores municipales” y ha subrayado que “también exigiremos públicas disculpas por parte del equipo de Gobierno a las personas cuya honorabilidad se ha puesto en entredicho”.