La concejala de Recursos Humanos ha asegurado que “presenten las mociones que presenten no van a condicionar las decisiones que tomará el Gobierno”
ALCORCÓN/ 29 SEPTIEMBRE 2017/ El Pleno municipal ha aprobado dos mociones del grupo Ganar Alcorcón y una del PSOE, con el voto en contra del PP, para que se hagan efectivas las sentencias judiciales que anulan el proceso desfuncionarización y se vea reflejado en la plantilla municipal.
De esta forma, se ha aprobado el inicio de acciones judiciales por parte del Pleno “contra los concejales que voten favorablemente en Junta de Gobierno Local proseguir con los recursos y, por tanto, la inaplicación de las sentencias”.
Según Ganar Alcorcón, este inicio de acciones legales viene tras las tres sentencias contrarias a la acción del Gobierno municipal y tras 4 mociones aprobadas por mayoría absoluta en Pleno, las cuales acordaban la paralización o la reversión inmediata del proceso de desfuncionarización.
Además, Ganar alega que esta inaplicación de la sentencia está causando un serio perjuicio a las arcas públicas, cifrada en 4 millones de euros más otros casi 2 millones de euros cada año, “por lo que el retraso en la refuncionarización implica el incremento de la cuenta de los desmanes del Partido Popular”. El portavoz del grupo municipal Ganar Alcorcón, Jesús Santos, ha determinado que “por ello las acciones judiciales se convierten en una obligación por el perjuicio causado a las arcas públicas“.
Tsunami
Asimismo, ha señalado que tras las dos sentencias del TSJM, “que han sentado jurisprudencia, vendrá un tsunami de sentencias retenidas en el juzgado de primera instancia”. “Todas ellas implicarán un gasto en personal municipal y un coste económico que los vecinos y vecinas no se lo pueden permitir”.
Sin embargo, la concejala de Recursos Humanos, Laura Pontes, ha asegurado que “presenten las mociones que presenten no van a condicionar las decisiones que tomará el Gobierno por nosotros también tenemos sentencias favorables y por prudencia hay que acudir al Tribunal Supremo y cuando decida se acatará la sentencia”.
Además, ha recordado que han tenido dos dictámenes del consejo consultivo, un informe de la Cámara de Cuentas y dos sentencias favorables del Contencioso-Administrativo. “No es un capricho declarar la nulidad de la funcionarización sino que estamos obligados por ley”, ha apostillado.