La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ha avanzado que una compañía ha solicitado la concesión de suelo público para la construcción de una nueva residencia en la localidad, que estará situada junto al centro de salud de La Ribota.
«Hemos dado luz verde al expediente para la concesión administrativa de uso privativo de una parcela situada en la calle de Las Palmeras, al lado de lo que es el centro de salud, para la puesta en marcha de una residencia de mayores», ha adelantado la regidora socialista en una rueda de prensa.
De Andrés ha explicado que el 25 de octubre pasado recibieron la solicitud de una empresa para construir en suelo público una residencia de mayores y, tras estudiar su posible ubicación, han la cesión de esta parcela, situada junto al centro de salud de La Ribota, con una serie de condiciones de licitación.
En concreto, se va a priorizar aspectos como el plazo de la adjudicación, que no podrá ser a más de 70 años, o el canon anual que tendrá que aportar la empresa, que deberá de ser de un mínimo del 5% del valor de la parcela, lo que el Ayuntamiento ha cifrado en torno a los 219.000 euros al año.
«También se priorizará la puesta a disposición de plazas de residentes al ayuntamiento de Alcorcón, un criterio que también vamos a tener muy en cuenta«, ha añadido la alcaldesa, quien espera que el proceso de adjudicación se complete cuanto antes.
Lucha por las residencias
Este anuncio se produce justo después de que el Pleno de este miércoles hay tomado consideración de la sentencia 663/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimando la demanda presentada por el Ayuntamiento contra la inactividad de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias durante la crisis sanitaria ocasionada por la primera ola del covid-19.
Durante el Pleno, la alcaldesa puso el acento en el voto particular de dos magistradas que expresan su discrepancia con la sentencia al considerar que «las órdenes ministeriales y autonómicas obligaban a la Comunidad de Madrid a una prestación debida, concreta y determinada a favor de los mayores de las residencias».
«Según estas magistradas, la Comunidad de Madrid incurrió en inactividad ya que ignoró los escritos remitidos por la concejala delegada de Salud Pública del Ayuntamiento de Alcorcón y por mí misma«, ha insistido De Andrés, quien ha explicado que este voto particular se utilizará para armar el recurso contra la sentencia.
Además, plantea instar a la Comunidad de Madrid a que cumpla con sus obligaciones como titular competente en materia de residencias vigilando permanentemente el correcto funcionamiento de estos centros residenciales especialmente los que son sostenidos con fondos públicos.