El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado los recursos interpuestos por los Ayuntamientos de Leganés y Alcorcón en el que demandaba a la Comunidad de Madrid por su «inactividad» y gestión en las residencias de mayores de ambas localidades durante la primera ola de la Covid, en abril de 2020.
La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha desestimado los recursos al entender que no hubo «inactividad de la administración de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias».
Los ayuntamientos solicitaban la medicalización de los centros y que se les dotará de medios humanos y materiales. De la Sala, tres de los magistrados han considerado que no hubo anomalías en la gestión, y otros dos, que sí se pudo hacer más.
El Ayuntamiento de Leganés reclamaba que “se declare la inactividad de la Comunidad de Madrid en la adopción de las medidas precisas para la protección de la salud de las personas mayores y personas trabajadoras de las residencias de mayores del municipio de Leganés previstas con motivo de la declaración del Estado de Alarma”.
El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, ha anunciado que recurrirá la decisión judicial al considerarla «injusta». «No estamos de acuerdo con esta situación y seguiremos litigando y exigiendo Justicia para todas las familias», ha señalado.
Además, el regidor ha recordado que ni busca que se condene a nadie en concreto, sino que se reconozca que «los procedimientos no fueron los adecuados y que en el futuro se establezcan los protocolos adecuados».
El regidor ha recordado que, durante la primera hora, y ante los fallecimientos en las residencias pidió al TSJM que se medicalizarán estos centros, algo que «nunca se produjo». «Hoy, dos años más tarde, el Tribunal ha establecido que la Comunidad de Madrid obró bien y que las medidas (que se tenían que implantar) eran meras recomendaciones», ha concretado.
Obligaciones
El Ayuntamiento de Alcorcón también alegó en su denuncia que el Gobierno regional no había cumplido con las obligaciones que se recogen en «el artículo segundo de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo», en la que el Ministerio de Sanidad pedía «la adopción de medidas relativas a la residencias de mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria».
En este punto, ha mostrado su intención de recurrir en casación al considerar que «salvar vidas no puede ser nunca una opción, sino que, muy al contrario, es una clara responsabilidad y obligación por parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, que era quien tenía las competencias en ese momento», según la alcaldesa, Natalia de Andrés.
La regidora ha recordado que «no están solos» porque hay dos magistradas de la Sala que han emitido voto particular al considerar que, en la primera ola, la Comunidad no actuó correctamente.
