La administración concursal de Emgiasa y el Ayuntamiento ha solicitado al juez que permita la compraventa de las viviendas
ALCORCÓN/ 7 OCTUBRE 2020/ El Ayuntamiento de Alcorcón ha acordado con la administración concursal de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria (Emgiasa) un documento conjunto para solicitar al juez de lo Mercantil que permita la compraventa de las viviendas del llamado Plan Permuta.
Este documento conjunto es un primer paso con el cual se solicitará al juez concursal la modificación del plan de liquidación del concurso de acreedores de Emgiasa para que el Ayuntamiento se pueda hacer cargo de la adquisición de todas las viviendas del Plan Permuta, algo previsto ya en los presupuestos de 2020.
“Creemos que obtendremos una respuesta positiva por parte del juez para bien de los mayores, de la política social y de la vivienda pública de Alcorcón”, ha señalado la alcaldesa, Natalia de Andrés (PSOE), quien ha explicado que están a la espera de que el juez conteste a esta propuesta conjunta.
Además, la regidora socialista ha recordado que se ha habilitado una partida presupuestaria de 2,22 millones de euros para la adquisición de las 20 primeras viviendas -de las 63 que tiene previsto asumir- para que los mayores afectados “conserven sus viviendas en el Plan Permuta y no sean desahuciadas”.
Compraventa de viviendas
El Plan Permuta nació hace unos años con un doble objetivo: que personas mayores, cuyos domicilios se situaban en calles estrechas de la zona centro y carecían de ascensor, cedieran sus pisos a un plan de alquiler joven, mientras ellos se instalaban en un bajo accesible del nuevo desarrollo del Ensanche Sur de forma vitalicia.
Sin embargo, una vez que Emgiasa entró en concurso de acreedores, el Juzgado de lo Mercantil número 6 comenzó a reclamar a los beneficiarios de dicho Plan -unas 90 familias, la mayoría de ellas con movilidad reducida- la devolución de los pisos adaptados “para proceder a la venta de los inmuebles sujetos a este Plan”.
De esta forma, según se comunicó a los vecinos afectados por la medida, tendrían dos opciones: el derecho a adquirir la propiedad de la vivienda de protección pública donde viven actualmente o regresar al antiguo piso en propiedad, ambas con una compensación económica por la pérdida del derecho vitalicio sobre la vivienda.
Según explicó la alcaldesa a principios de año, al final fueron 17 los beneficiarios que eligieron la opción que daba el juzgado de optar a la compra de estas viviendas, mientras que las otras 63 viviendas serán adquiridas por el Consistorio para destinarlas a un uso social, tal y como el Plan Permuta tenía previsto.
“Durante este primer año el compromiso es iniciar la compra de las primeras 20 viviendas“, ha insistido la alcaldesa, quien ha recalcado que la adquisición de estas viviendas es “el único compromiso de gasto que han querido plantear con respecto al proyecto de presupuestos anteriores”.
Posteriormente, en los sucesivos proyectos de presupuestos, se incluirá la adquisición de las 43 viviendas restantes, que además de ser bueno para los vecinos que ahora residen en ellas, “a su vez, va a posibilitar implementar un parque de vivienda de emergencia para la ciudad y cubrir las necesidades que existen en la ciudadanía”.