Primero fue el golpe. Luego, el silencio. Y más tarde, la silla de ruedas. A Marta le costó años reconocer que aquella caída por las escaleras no fue un accidente. Tampoco lo fue el deterioro progresivo de su audición, ni la depresión que la paralizaba cada mañana.
No es un caso real, pero podría serlo. Como ella, miles de mujeres en España arrastran una doble sombra: la de la violencia de género y la de una discapacidad que les llegó, literalmente, a golpes. Nadie les habló de derechos. Nadie les ofreció refugio adaptado. Para el sistema, ellas no existen.
En España, más del 70 % de las personas con discapacidad presentan una discapacidad sobrevenida, es decir, adquirida a lo largo de la vida, no congénita. Y aunque esta forma de discapacidad es ya mayoritaria, sigue siendo invisibilizada por los marcos de atención institucional.
Si además hablamos de mujeres y sumamos la variable de la violencia de género como causa directa o indirecta de esa discapacidad, el silencio se multiplica.
El Libro Blanco de la discapacidad sobrevenida
De ello habla el ‘Libro Blanco sobre las Personas con Discapacidad Sobrevenida en España 2025’, elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y presentado ayer en la sede de la agencia de noticias Servimedia por su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno.
El texto no solo denuncia la falta de datos desagregados que permitan saber cuántas mujeres adquieren una discapacidad como consecuencia de la violencia machista. También aporta algo aún más revelador: los testimonios de quienes denuncian que estas mujeres están fuera de las estadísticas, de los diagnósticos y de los servicios.
El 28% de las mujeres que sufren violencia de género afirma que su discapacidad, tanto física como mental, es consecuencia de la violencia vivida.
En España, esta es una realidad oculta a pesar de que los escasos datos que se barajan, indican que cerca del 28% de las mujeres que sufren violencia de género afirma que su discapacidad, tanto física como mental, es consecuencia de la violencia vivida. Este es un dato extraído de la publicación de la ONCE ‘Ojo al dato. Visibilidad de una realidad oculta a través del dato: Mujer, discapacidad y violencia’, recogido en el Libro Blanco del CERMI.
Las discapacidades de la violencia machista
La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, Ana Peláez Narváez, es contundente: «Los datos ocultan una realidad que es la percepción negativa y la ocultación que las propias mujeres van a hacer de su discapacidad. Cuando se les pregunta por la percepción de la discapacidad que tienen lo van a negar y, particularmente, van a negar también discapacidades asociadas a la salud mental y a la violencia».
Dadas las circunstancias, el estigma, la vergüenza y el miedo empujan a muchas mujeres a negar la nueva condición adquirida tras años de maltrato físico, psicológico o sexual.
Las consecuencias pueden ser visibles —una lesión medular por una paliza, un daño cerebral adquirido por un golpe en la cabeza, una pérdida auditiva por traumatismo acústico— o invisibles: depresión, estrés postraumático, ansiedad crónica. En cualquier caso, si no se reconocen como tales, no existen para el sistema.
El documento alerta, además, de una gran laguna institucional sobre la discapacidad sobrevenida como consecuencia de la violencia de género. También, y no menos importante, de que la mayoría de los recursos especializados en violencia machista no están adaptados a mujeres con discapacidad.
Es decir, ni las casas de acogida, ni la atención psicológica, ni los procesos judiciales contemplan este aspecto. Y, a su vez, los recursos de atención a la discapacidad tampoco tratan las violencias machistas como causa de dicha condición.
Invisibilidad y silencios acumulados
«No se visibiliza todavía el vínculo entre discapacidad, género y violencia, y esto nuevamente vuelve a provocar estos desequilibrios», denuncia Peláez. La falta de formación del personal, la inaccesibilidad física y cognitiva de muchos centros, la ausencia de intérpretes o de materiales adaptados hacen que muchas mujeres simplemente no acudan a pedir ayuda. Y si lo hacen, la experiencia suele ser de revictimización.
Por su parte, la especialista en derecho de la discapacidad y colaboradora en el Libro Blanco, Gloria Álvarez, especificó que «los embarazos mal llevados, los abortos mal practicados, las mutilaciones genitales y otras formas de violencia» son el origen de la discapacidad adquirida en muchas mujeres.
«Nos puede parecer que esto queda muy lejos de España», reflexionó en la presentación, pero «en nuestro país hay mujeres migrantes a las que se les ha practicado mutilación genital». explica Álvarez.
De acuerdo con esto, el Libro Blanco se apoya en los datos aparecidos en el estudio ‘La mutilación genital femenina en España’. En él se revela que el número estimado de niñas en riesgo de sufrir esta práctica nociva en España, según datos del padrón de 2018, es de 15.562 entre 0 y 14 años, procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina.
La violencia sexual también discapacita
En la presentación, también habló sobre este asunto la presidenta de la Federación Nacional de Parapléjicos y Personas con Gran Discapacidad Física (ASPAYM), Mayte Gallego.
Gallego reiteró el alto número de mujeres con «sordera, lesiones medulares, daño cerebral e, incluso, ceguera» por causa de la violencia ejercida por su parejas o exparejas. Sin olvidar, añadió, las que, además, padecen «problemas de salud mental» que derivan en depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático.
Estos últimos, también se dan en mujeres víctimas de abusos sexuales reiterados, según el Libro Blanco del CERMI. Este recoge, de forma añadida, enfermedades crónicas, los problemas de movilidad o las afecciones ginecológicas graves como causas de esta violencia concreta.
En cualquiera de los casos, el texto plantea una realidad escondida. Y es que «la propia valoración de la discapacidad, aunque se haya reformado hace poco, sigue sin contar con las cuestiones de género de forma adecuada. […] Se está cometiendo un olvido, una desigualdad estructural en la consideración de las diferencias biológicas para el reconocimiento del certificado de discapacidad», denuncia.
Los menores, víctimas junto a sus madres
Muchas de estas mujeres víctimas de violencia de género arrastran las consecuencias del maltrato durante años sin verbalizarlas. Cuando por fin se atreven a hablar, los efectos ya son devastadores.
Algunas llegan a los servicios sociales por secuelas físicas que impiden su movilidad; otras, por crisis psicológicas o intentos de suicidio. Otras, simplemente, no llegan nunca.
Los menores también sufren la violencia. El negacionismo impide diagnosticar adecuadamente los traumas infantiles derivados de la violencia ejercida sobre sus madres.
La misma situación la viven las hijas e hijos que conviven con la víctima. Y sobre este particular, el libro recuerda que “no se puede continuar perpetuando los mitos de que los y las menores se recuperan espontáneamente, no recuerdan o no comprenden”. Al contrario, el negacionismo impide diagnosticar adecuadamente los traumas infantiles derivados de la violencia ejercida sobre sus madres.
La importancia de particularizar el trato a la discapacidad
Por todo ello, el CERMI propone en el Libro Blanco una batería de medidas que podrían revertir esta exclusión. En primer lugar, la revisión del baremo de valoración de la discapacidad para incorporar una perspectiva de género real, que incluya las consecuencias de la violencia en la salud física y mental.
Además, pide la creación de protocolos específicos de actuación para mujeres con discapacidad sobrevenida por violencia de género. Además, asegurar la accesibilidad universal en todos los recursos de atención a víctimas y capacitar a profesionales sanitarios, judiciales y sociales en la detección de estas situaciones.
En definitiva, el CERMI hace un llamamiento a, no solo combatir la violencia de género y atender la discapacidad, sino hacerlo, aplicando el concepto que muchas mujeres atraviesan ambas realidades al mismo tiempo.
«Si no se reconoce el daño, si no se mide, si no se adapta la atención, entonces estamos permitiendo que la violencia se perpetúe», concluye el informe. En definitiva, si el sistema no cambia, ellas seguirán quedando fuera.