La preocupación por el aumento de asesinatos machistas en los primeros meses de 2026 ha llevado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a convocar una reunión urgente de su Comisión de Violencia de Género.
A ella han asistido responsables municipales con el objetivo de coordinar nuevas actuaciones frente a una realidad que alcanza cifras alarmantes con diez mujeres y dos menores asesinados en lo que va de año.
Así, la sesión extraordinaria se convocó para analizar la situación y reforzar la respuesta desde el ámbito local. Un espacio considerado pieza clave en la detección temprana, la prevención y el acompañamiento por las víctimas, porque son los ayuntamientos los que desempeñan un papel central en la activación de recursos contra la violencia machista.
Distribución adecuada de los recursos
A la reunión asistieron, entre otras representantes, la presidenta de la comisión y alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y la vicepresidenta del órgano y alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa. Ambas responsables subrayaron la necesidad de reforzar la coordinación institucional y aprovechar al máximo los recursos económicos destinados a combatir esta violencia.
Uno de los principales objetivos del encuentro fue analizar cómo mejorar la aplicación de los fondos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Fondos que se distribuyen entre las entidades locales para impulsar medidas de prevención, sensibilización y atención directa a las víctimas. Desde la comisión se insistió en la importancia de que estos recursos se traduzcan en programas efectivos en todo el territorio, evitando desigualdades entre municipios.
La comisión de Violencia de Género de la FEMP quiere garantizar por igual el acceso a los recursos de apoyo a las mujeres víctimas.
En este sentido, las responsables municipales destacaron la necesidad de garantizar que cualquier mujer que se encuentre en situación de riesgo tenga acceso a los mismos servicios y apoyos, independientemente del lugar en el que resida. La respuesta institucional, señalaron, debe ser rápida, integral y coordinada, combinando atención psicológica, acompañamiento personalizado y acceso a recursos habitacionales seguros.
Refuerzo de los servicios municipales especializados
Desde la comisión también se puso de relieve la importancia de fortalecer los servicios municipales especializados, que suelen ser la primera puerta de entrada para muchas víctimas. En ellos, la atención directa, la información sobre recursos disponibles y la derivación a otros servicios forman parte de una red de apoyo que, según señalaron las participantes, necesitan seguir ampliándose y consolidándose.
De forma añadida, las representantes municipales coincidieron en la necesidad de intensificar la cooperación entre administraciones públicas y entidades sociales. Y abordaron también cómo reforzar los mecanismos de coordinación que permitan responder con mayor eficacia a las situaciones de riesgo.
El intercambio de experiencias y de buenas prácticas entre municipios se considera un elemento clave para mejorar la respuesta institucional.
Más vulnerabilidad en el ámbito rural
Durante la reunión también se abordaron algunas de las realidades que agravan la vulnerabilidad de determinadas víctimas. Entre ellas, la situación de las mujeres que viven en entornos rurales, donde el acceso a determinados recursos puede ser más limitado. También el de las mujeres con discapacidad o de origen migrante, que se enfrentan a obstáculos adicionales a la hora de denunciar o acceder a apoyo institucional.
Dicho apoyo, según se señaló en el encuentro, requieren políticas específicas que tengan en cuenta las distintas realidades sociales y territoriales. En este terreno, la comisión prevé identificar mejoras en la atención y promover iniciativas que puedan replicarse en distintos municipios.
Por último, la comisión aprobó elaborar en los próximos meses recomendaciones y propuestas destinadas a reforzar las políticas locales de igualdad.