“A veces las evaluaciones de riesgo no se hacen con la suficiente profundidad”. La frase no es baladí. La ha pronunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en pleno repunte de asesinatos machistas, y encierra una autocrítica al sistema poco habitual en el discurso institucional.
Redondo ha defendido, además, una mayor contundencia una vez que se acuerdan medidas de alejamiento para proteger a las víctimas de sus agresores. Todo ello en un contexto criminal que deja diez mujeres asesinadas en lo que va de 2026, seis de ellas con denuncias previas y los dos primeros menores asesinados por violencia vicaria.
Ante tal situación, el Ministerio de Igualdad ha remitido hoy al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado una batería de recomendaciones para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género. El foco está puesto en los dispositivos telemáticos de control —las pulseras de seguimiento del sistema Cometa— y en los fallos detectados en su aplicación práctica.
Mal uso de los dispositivos
Según fuentes del departamento, el objetivo de dichas recomendaciones es corregir disfunciones que están dificultando la eficacia del sistema. Entre ellas, el mal uso de los dispositivos por parte de algunos investigados y los incumplimientos de las obligaciones asociadas a esta medida judicial.
Por eso, Igualdad plantea una “respuesta firme” ante estos quebrantamientos, incluida la incoación de procedimientos por quebrantamiento de condena cuando proceda. Algo que, admiten desde el Ministerio, no siempre se está produciendo.
Otra de las recomendaciones apunta directamente a la distancia de alejamiento. A este respecto, el Ministerio propone revisar aquellas órdenes que fijan prohibiciones de aproximación inferiores a 350 metros, al considerar que esa es la distancia mínima que permite una capacidad de reacción óptima del sistema.
Igualdad propone la revisión de la distancia de alejamiento del agresor para evitar alarmas reiteradas que causan ansiedad a las víctimas.
Por debajo de ese umbral, sostienen, la posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lleguen a tiempo para evitar una agresión se reduce considerablemente.
Una angustia constante
En el texto enviado a jueces y fiscales, Igualdad también alerta de un problema técnico que, en la práctica, puede traducirse en angustia constante para las víctimas. Se trata de las reiteradas alarmas cuando el domicilio del investigado se encuentra dentro del área fija de exclusión establecida judicialmente.
Es decir, cuando el agresor reside dentro del perímetro prohibido alrededor de la vivienda o el lugar de trabajo de la víctima. Estas situaciones generan avisos continuos tanto a la mujer como a la policía, tensionando el sistema y, en ocasiones, banalizando la alerta.
A lo que se le añade la cobertura como punto crítico. En estos casos, cuando el nivel de señal es deficiente en las zonas donde se encuentran habitualmente agresor o víctima, no puede garantizarse la monitorización permanente de sus posiciones. Y este es un elemento esencial para el funcionamiento del dispositivo. Sin cobertura, recuerdan desde Igualdad, el control deja de ser efectivo.
Una semana fatídica para las mujeres
El movimiento del Ministerio se produce tras una semana especialmente negra. Los asesinatos de Ana María, María José y Noemí (hija menor de la anterior) y Petronila elevaron a 10 los crímenes machistas en lo que va de año. En seis de esos casos constaban denuncias previas.
A ellos se suma el último caso, ya confirmado, ocurrido el viernes en Sarriguren, en el municipio navarro del Valle de Egüés, donde un hombre fue detenido acusado de asesinar a su pareja, Tatiana, de 29 años, y herir de gravedad a su madre.
Con este, el número total de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 —año en que comenzaron a elaborarse estadísticas oficiales— ascendería a 1.354.
Y en apenas mes y medio, seis menores han quedado huérfanos tras los feminicidios de sus madres. Desde 2013, son 510 los niños y niñas que han perdido a sus madres por esta violencia, sin contar a los mayores de edad, que no se incluyen en el registro oficial.