Rebeca y Laura, las dos mujeres que la semana pasada presentaron una querella contra Julio Iglesias en la Audiencia Nacional por presuntos delitos sexuales y laborales, han decidido acudir a instancias internacionales.
Según ha podido saber elDiario.es, su despacho, Women’s Link, ha trasladado el caso a seis mecanismos especiales de Naciones Unidas, alertando de que su intimidad, su seguridad y sus datos personales ya se han visto comprometidos antes incluso de que el proceso judicial avance.
Publicado un vídeo que descubre la identidad de una de ellas
El detonante de este paso se sitúa en enero, cuando el digital Okdiario publicó un vídeo de la declaración de una de las querellantes ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El rostro aparecía pixelado, pero no así la voz, lo que anula de facto cualquier intento de resguardar su identidad.
Para las abogadas de Rebeca y Laura, ese episodio no es un incidente aislado, sino la prueba de que España no está en condiciones —o no tiene la voluntad— de proteger a quienes denuncian a un hombre con semejante poder económico y social.
En este sentido, por tanto, la comunicación remitida a la ONU pide dos cosas concretas. Primero, que se solicite al Estado español que explique cómo va a garantizar una investigación «efectiva, independiente, imparcial, diligente y exhaustiva» de los hechos denunciados.
Segundo, que se recomienden medidas urgentes para proteger a las dos mujeres, a sus familias y a los testigos que figuran en la querella, con el objetivo de evitar intimidaciones, represalias o una revictimización que, advierten, también desincentivaría a otras víctimas a denunciar.
Las denunciantes consideran que están desprotegidas y temen represalias debido a la posición de poder del cantante español.
Un caso con perspectiva de género
Especialmente relevante es que Women’s Link haya pedido explícitamente que el caso se aborde con perspectiva de género, atendiendo además a cómo se cruzan el género, la pobreza, la condición migratoria y la racialización en la vulnerabilidad de las denunciantes.
Es una petición que pone nombre a algo que el periodismo feminista lleva años señalando. Que la protección judicial no es la misma para todas las mujeres. Y las que además cargan con otras formas de discriminación quedan expuestas a un riesgo mayor cuando se enfrentan a un agresor con recursos, influencia y capacidad de marcar la agenda mediática.
Las abogadas subrayan, además, que sus clientas han manifestado «temor a represalias» y que la gravedad de los hechos. A esto se suma la posición de poder de Julio Iglesias y a la actual desprotección estatal, que agrava esa vulnerabilidad tanto para las querellantes como para los testigos.
La ONU puede exigir explicaciones a España
Los seis mecanismos a los que se ha dirigido la organización son la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, y la Relatoría de trata de personas.
Se trata, por tanto, de una actuación para activar un mecanismo de presión política, y que no se trata de acudir a un tribunal. Es decir, no dicta resoluciones vinculantes, pero puede exigir explicaciones al Estado y hacer llamamientos públicos, sin necesidad de agotar antes la vía judicial, que sigue su curso en paralelo.
En ese frente judicial, el juez instructor de la querella ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre si la Audiencia Nacional es o no el órgano competente para investigar el caso.