La ley en España protege ciertos derechos laborales relacionados con la salud reproductiva, como bajas por menstruaciones dolorosas o abortos. Estas bajas, reguladas por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, deberían respetar la privacidad de las trabajadoras, sin embargo los sindicatos han alertado de que esto no es así.
A pesar de las protecciones legales, las empresas reciben detalles específicos sobre el motivo de la baja a través de los partes de incapacidad que envía la Seguridad Social. Esto permite a los empleadores saber si una trabajadora está de baja por un aborto o menstruación dolorosa, lo que vulnera el derecho a la privacidad de la trabajadora.
Las empresas reciben detalles específicos sobre el motivo de la baja a través de los partes de incapacidad que envía la Seguridad Social
El conocimiento de este tipo de información por parte de las empresas puede derivar en prácticas discriminatorias. A pesar de que la discriminación por razones de salud reproductiva es ilegal, esta laguna regulatoria abre la puerta a situaciones de despido injustificado, presiones o estigmatización de las trabajadoras afectadas. Un asunto «muy grave» que los sindicatos están poniendo denunciando.
Colectivos feministas y abogados proponen cambios en la regulación para que los informes de baja no incluyan detalles sobre la razón médica específica, limitándose a indicar la incapacidad laboral sin especificar el motivo. Esto preservaría la confidencialidad y reduciría las posibilidades de discriminación.
Esta laguna regulatoria abre la puerta a situaciones de despido injustificado, presiones o estigmatización de las trabajadoras afectadas
Los sindicatos CCOO y UGT advierten de que esto ya se avisó al gobierno a la hora de aprobar la Ley el año pasado. Esta desprotección laboral y la intromisión a la intimidad de la mujer está causando revuelo también en colectivos médicos que lo tachan de «bochornoso e ilegal» que se estén filtrando las bajas a las empresas desde la Seguridad Social.
Además, según ha publicado elDiario.es el sindicato gallego CIG denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos y advirtieron a la Seguridad Social «sin respuesta» y sin saber a día de hoy «si se ha aplicado alguna medida para solucionar esta situación»
