El Congreso de los Diputados ha vuelto a convertirse en escenario de la confrontación política en torno a la violencia machista. Vox celebra en la Institución este jueves una jornada titulada ‘Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina’. Con ella pretende cuestionar la eficacia de la Ley Integral contra la Violencia de Género y del Pacto de Estado aprobado en 2017.
Bajo la premisa de “arrojar luz”, la formación de Santiago Abascal coloca en el centro de su agenda la idea de que las normas no están reduciendo el número de víctimas mortales. De la misma opinión es la portavoz del grupo parlamentario, Pepa Millán. Millán culpa al Pacto de Estado y a las leyes de esta situación y sostiene que “la violencia que están sufriendo las mujeres no desciende».
La portavoz del partido de ultraderecha también arremete contra el Ministerio de Igualdad. De él dice que a pesar de los millones de euros destinados a esa cartera, “no se reduce en un solo dígito el número de mujeres que sufren violencia”.
Vox, contra el sistema
Por otro lado, la diputada de Vox en la Comisión VioGen, Rocío Aguirre, recordó en ese foro que en 2024, 48 mujeres fueron asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Sin embargo, solo un 15% denunció previamente. La formación ultraderechista defiende que este dato refleja una falta de confianza de las víctimas en la ley.
Además, Aguirre subrayó que en ese mismo año se presentaron 199.000 denuncias por violencia de género. De estas, apenas el 30% llegaron a juicio, porque «las demás se pierden por el camino”, afirmó.
Con ello, Vox insiste en que el sistema judicial no funciona y que las medidas puestas en marcha por los distintos gobiernos no logran prevenir ni reducir los asesinatos.
Tres mesas redondas con negacionistas
La jornada cuenta con tres mesas redondas. La primera es de corte jurídico-político y debatirá cómo se han configurado las leyes de violencia de género. Reunirá juristas como Ruth Arroyo o el exmagistrado del Tribunal Supremo y del TEDH, Javier Borrego Borrego.
El segundo panel examina las supuestas “consecuencias” de la ley, con voces críticas como la de la abogada Yobana Carril y el vicepresidente de la Asociación Nacional de Afectados por la Violencia de Género (Anavid), Jesús Muñoz.
El último bloque, titulado ‘¿Quiénes son las víctimas reales de la LIVG (Ley Integral de Violencia de Género)?’, incluye la participación de psicólogos y exdiputados que comparten la tesis de Vox.
Los grupos de ERC, BNG y EH Bildu, así como asociaciones y colectivos feministas se han opuesto a que el Congreso acoja las jornadas de Vox. Sin embargo, la ley permite a los grupos políticos reservar salas para sus iniciativas.
Polémica en el Parlamento
La celebración del acto no ha estado exenta de controversia. ERC, BNG y EH Bildu solicitaron a la Mesa del Congreso suspenderlo de inmediato. Todos han alegado que se trata de un espacio de propaganda contra los derechos de las mujeres.
Sin embargo, fuentes parlamentarias recordaron que los grupos políticos tienen derecho a reservar salas para sus iniciativas. Solo se puede vetar un acto si existe riesgo de incurrir en un ilícito.
Por eso, a diferencia de otros precedentes —como la prohibición de un documental crítico con el PSOE— en esta ocasión se autorizó la jornada, que se está celebrando desde las nueve de la mañana.
Fuera del Congreso, asociaciones y entidades del movimiento feminista emitieron un comunicado conjunto bajo el lema ‘el machismo mata’, en el que rechazan la celebración de unas jornadas que niegan la violencia de género.
Los datos frente al discurso
Más allá de los argumentos políticos, los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial desmienten la narrativa de Vox sobre las “denuncias falsas”. Según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, entre 2009 y 2022 solo un 0,01% de las denuncias resultaron ser falsas.
Se trata de un porcentaje residual, muy por debajo de la media de otros delitos. Estos números, refrendados por la Fiscalía General del Estado, ponen en evidencia que la manipulación del concepto de denuncia falsa sirve más como herramienta de descrédito político que como reflejo de la realidad judicial.