En España, la igualdad de trato y la no discriminación dejaron de depender únicamente de la voluntad política o de las leyes dispersas desde julio de 2022. En aquel momento, el Ministerio de Igualdad puso en marcha la figura de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, cuyo nombramiento se hizo efectivo en mayo pasado.
Desde entonces, es María Teresa Verdugo Moreno quien ostenta el cargo. Contará con plenos poderes en cuanto entre en vigor el Estatuto que desarrolla esta figura y sus competencias. De momento, y hasta el próximo 21 de noviembre, está en exposición pública.
Entre otras cuestiones, el reglamento ratificará que la Autoridad Independiente se ubicará en Madrid, en la calle Luis Cabrera, 9, y que tendrá plena autonomía funcional. Su misión será, definitivamente, proteger y promover la igualdad de trato en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, y frente a todo tipo de discriminación. Y ello incluye, por razón de sexo, origen racial o étnico, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, lengua, condición de salud o situación socioeconómica.
Una deuda con Europa saldada definitivamente
La creación de este organismo responde al mandato de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y da cumplimiento a la Directiva 2000/43/CE del Consejo de la Unión Europea. Esta obligaba a los Estados miembros a contar con entidades independientes para promover la igualdad. España era uno de los pocos países de la UE que aún no había desarrollado plenamente esta figura. Así lo había señalado la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) que lo calificó de carencia grave en sus informes de 2018 y 2021.
La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación dio cumplimiento a la obligación de los estados de la Unión Europea a contar con entidades independientes para promover la igualdad.
Lo que el Estatuto, pues, concreta son las funciones, estructura y los recursos de esta Autoridad, que actúa sin recibir instrucciones del Gobierno ni de intereses empresariales o partidistas. Su presidencia, según reza, tiene rango de subsecretaría y está considerada alto cargo.
Además, también prevé la creación de un Centro de Documentación y Memoria sobre Discriminación, Odio e Intolerancia. Como tal, será el encargado de recopilar estudios, informes y datos sobre la evolución de estos fenómenos en España.
Competencias y funciones
La Autoridad Independiente, según su reglamento, presta asistencia gratuita y especializada a víctimas de discriminación. Y lo hace tanto en la orientación jurídica como en la mediación o conciliación entre las partes. Incluye, por tanto, la atención a víctimas de violencia de género y de trata con fines de explotación sexual. En todas ellas, puede iniciar investigaciones de oficio o a petición de terceros, emitir informes y recomendaciones, y ejercer acciones judiciales en defensa de los derechos de igualdad.
Su papel, además, es clave en la vigilancia de sesgos en los algoritmos y sistemas automatizados, evaluando su posible impacto discriminatorio. Igualmente, está en disposición de promover códigos de buenas prácticas, campañas de sensibilización y estudios periódicos. Estos servirán para medir el estado de la igualdad real en la sociedad española.
De forma añadida y en coordinación con el Instituto de las Mujeres, su labor integra un enfoque interseccional. Por ello, tiene en cuenta las discriminaciones cruzadas por género, origen o clase social y participa en órganos colegiados como el Consejo de Participación de la Mujer, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano o el Consejo Nacional de la Discapacidad.
Físicamente, la Autoridad Independiente se ubicará en Madrid desde donde atenderá a todo el territorio nacional.
Estructura y recursos
El Real Decreto que desarrolla el Estatuto de la Autoridad Independiente tiene una estructura de ocho capítulos y 37 artículos. Y en conjunto, define cuatro grandes direcciones de acción.
En primer lugar, la asistencia y orientación a víctimas, seguida de la elaboración de estudios, informes y estadísticas. A continuación, la prevención y relaciones institucionales y, por último, la secretaría general.
En su primera fase, la plantilla contará con 19 puestos de trabajo. Esta se ampliará paulatinamente, hasta alcanzar una dotación suficiente para desplegar oficinas de atención en todo el territorio. En cuanto al presupuesto, inicialmente será de 9,4 millones de euros para el ejercicio 2026. En este importe están incluidas las partidas dedicadas a personal, infraestructuras y un servicio telefónico y presencial de atención a víctimas de discriminación.
Mientras obtiene presupuesto propio, la Autoridad se financiará con cargo al Ministerio de Igualdad. Su sede será accesible y aplicará criterios de lenguaje claro, transparencia y atención adaptada a las necesidades de cada grupo social.
El equipo de trabajo lo formarán, inicialmente, 19 personas que irá ampliándose hasta alcanzar la dotación suficiente para desplegar oficinas en todo España.
Un cambio estructural en la defensa de derechos
Más allá de su dimensión institucional, la creación de la Autoridad Independiente abre una vía directa para que la ciudadanía pueda denunciar y reparar situaciones de discriminación. Y que la haga sin depender de procesos judiciales largos o costosos. Su puesta en marcha permite registrar y analizar casos en todo el territorio nacional, detectar patrones de desigualdad estructural y actuar de forma preventiva.
Por último, el organismo cuenta con la capacidad de mediar, asesorar y acompañar a las víctimas. Pero también con la de impulsar políticas públicas más eficaces basadas en datos y evidencias. En este sentido, el futuro Centro de Documentación y Memoria sobre Discriminación, Odio e Intolerancia se perfila como una herramienta clave para conocer cómo se manifiestan las distintas formas de exclusión en España y qué medidas resultan más efectivas para combatirlas.