“Si ustedes siguen esperando, no va a quedar ninguna viva”. La advertencia la pronuncia una de las muchas supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer. Como este hay cientos de voces más de víctimas que se abren paso entre décadas de silencio y olvido institucional.
Las mujeres que vivieron el encierro, la humillación y el maltrato bajo el amparo del franquismo y la Iglesia católica dentro de la institución exigen justicia, memoria y reparación por el horror vivido. Un clamor que ha comenzado a recibir respuesta.
El Instituto de las Mujeres —organismo dependiente del Ministerio de Igualdad— ha anunciado que el Gobierno ya trabaja en un acto de reparación, previsto para el mes de septiembre, impulsado por Igualdad, junto a los ministerios de Presidencia, Justicia y Memoria Democrática.
Lo ha anunciado la directora del IM, Cristina Hernández, en el ‘Encuentro por la memoria de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer’. En él han participado Consuelo García del Cid, escritora y superviviente del Patronato; Carmen Guillén, doctora en Historia Contemporánea y autora de la tesis doctoral ‘El patronato de protección a la mujer: prostitución, moralidad e intervención estatal durante el franquismo’; y Ana Martínez, antropóloga y profesora de Sociología.
El infierno bajo tutela
Creado en 1941, el Patronato de Protección a la Mujer nació supuestamente para asistir a mujeres en riesgo de exclusión. En la práctica, se convirtió en una red de instituciones carcelarias en las que se encerraba a adolescentes y mujeres de todas las edades por ‘moral dudosa’.
Bajo ese parámetro, se escondían todo tipo de motivos de encierro. Desde huir del hogar, mantener relaciones fuera del matrimonio, vestir de forma considerada provocativa o ser víctima de abusos. El Patronato actuaba de oficio o requerido por las propias familias y las mujeres ingresaban en centros gestionados por órdenes religiosas.
Como expone la historiadora Carmen Guillén, autora de una tesis doctoral sobre la institución, el Patronato funcionó durante más de cuatro décadas como un aparato de castigo y adoctrinamiento moral: «No solo privaban de libertad a las mujeres sino que controlaban la moral femenina a través de un sistema abiertamente carcelario».
Según Guillén, las internas eran sometidas a trabajos forzados —como la confección de ropa o la limpieza—, a penitencias religiosas y a castigos físicos y psicológicos, a unos partos crueles y a la separación de sus hijos.
«Para las monjas todas las que estábamos ahí éramos unas putas y merecíamos un castigo”, ha contado García del Cid. Otras, por entonces menores de edad, hablan también de crueldades extremas, como la obligación de frotar sus zonas íntimas con ortigas sin alguna se orinaba en la cama o pasaba mucho tiempo en el baño.
Según García del Cid, quien se intentó suicidar durante su internamiento, el encierro fue doloroso. Pero también lo fue “la indiferencia posterior de una democracia que nunca reconoció aquel horror”.
La Iglesia pide perdón
La memoria histórica de este infierno ha comenzado a emerger en los últimos años gracias a investigaciones académicas, reportajes y testimonios orales. A raíz de ellos, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), que representa 400 congregaciones y unos 32.000 religiosos, celebró, en la Fundación Pablo VI, un acto de perdón público hacia las mujeres que sufrieron bajo la tutela del Patronato.
En él, su presidente, Jesús Díaz Sariego, admitió que aquel momento era una oportunidad para reconocer aquello que en el pasado «no hicimos bien y para expresar nuestra empatía y profundo dolor a todas aquellas mujeres que, en un tiempo pasado fueron sometidas a condiciones de vida injustas y dolorosas, bajo el Patronato de Protección a la Mujer».
Aunque el acto tuvo un peso histórico innegable, las supervivientes consideran que para reparar el daño hacen falta más que palabras. Otras, incluso, se niegan a perdonar. En él estuvieron presentes, entre otras, la ministra Redondo, la periodista Crisitna Fallarás e Irene Montero.
De hecho, algunas de las víctimas asistentes se levantaron y clamaron frases como «ni olvido ni perdón» y «verdad, justicia y reparación», contra lo que calificaron de «perdón light».
Una deuda democrática
El Patronato se clausuró oficialmente en 1985, lo que significa que funcionó una década más tras la muerte de Franco y la entrada de la Democracia. Sin embargo, su sombra ha perdurado sin apenas investigaciones ni reparación alguna para sus víctimas. Para muchas, el silencio institucional ha sido una segunda condena.
El anuncio del Gobierno, pues, representa, por tanto, un punto de inflexión. La intención de realizar un acto de reparación en septiembre busca visibilizar lo que fue una represión de género sistemática. Y con ello, alinear esta reparación simbólica con los compromisos internacionales en materia de memoria y derechos humanos.
El Instituto de las Mujeres insiste en que esta iniciativa es solo un primer paso. “Queremos construir una política pública de memoria feminista que no deje atrás a quienes fueron víctimas de violencias específicas por su condición de mujeres”, explicó su directora, Cristina Fernández.
«No hay perdón sin olvido»
Consuelo, una de las mujeres que se ha atrevido a hablar y escribir sobre lo que vivió, dejó claro en El País que la única manera posible de perdonar «es el olvido pero esto no se puede perdonar”. Consuelo estuvo internada contra su voluntad entre 1975 y 1976 en los reformatorios de las Adoratrices y Buen Pastor.
Su lucha, como la de muchas, no solo reclama memoria. También exige una reparación integral que incluya el conocimiento público de lo que les pasó y forme parte de la Memoria Histórica.
Algunas son ya mujeres mayores, muchas con secuelas físicas y emocionales que nunca tuvieron tratamiento. De ahí que reclamen «reparación y justicia, pero no perdón».