Las acusaciones de agresión sexual y maltrato contra Julio Iglesias han abierto una grieta que va más allá del ámbito judicial y alcanza de lleno a las instituciones. No se trata solo de determinar responsabilidades penales, insisten las organizaciones feministas. Es cuestión, también, de revisar qué mensajes se lanzan cuando los reconocimientos oficiales permanecen intactos frente a denuncias graves de violencia contra las mujeres.
En este sentido, se ha pronunciado la Federación Mujeres Jóvenes. La organización considera que, mientras las acusaciones formuladas por dos trabajadoras que prestaron servicio en las mansiones del cantante en el Caribe están siendo investigadas, las administraciones deberían revisar y retirar los reconocimientos institucionales concedidos al artista. “No se basan únicamente en la trayectoria artística; estos premios otorgan legitimidad social, prestigio y ejemplaridad”, subrayan.
Desde esta perspectiva, mantener honores oficiales durante una investigación en curso supone, a su juicio, un mensaje peligroso. Mensajes que abogan por encumbrar el éxito, el dinero o la fama en detrimento del derecho de las mujeres. La federación apela, por tanto, a la responsabilidad ética y política de las instituciones y advierte de que mirar hacia otro lado contribuye a perpetuar una cultura de impunidad.
La portavoz del Gobierno ha manifestado hoy que el cantante tiene «todo el derecho a defenderse».
Derecho a defenderse
El debate ha llegado también al Gobierno. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, confirmó esta semana que el Ejecutivo está valorando si retirar la Medalla de Bellas Artes concedida al cantante. En una entrevista televisiva, insistió en que la prioridad debe ser el compromiso con las víctimas, investigar lo ocurrido, conocer los hechos con rigor y aplicar la ley.
Hoy, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado en un acto en Toledo que el Ejecutivo da «credibilidad» a las denunciantes de agresión, al tiempo que ha recordado que el artista «tiene todo el derecho a defenderse».
Acompañar a las víctimas
Sin embargo, no todas las voces feministas sitúan el foco en la retirada de medallas. Desde la Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid advierten de que el debate central no debería limitarse a los honores concedidos a una figura concreta. A su juicio, lo prioritario es garantizar protección, acompañamiento, reconocimiento y reparación a las mujeres que han denunciado las agresiones.
La Comisión 8M exige avances legales en el ámbito del trabajo doméstico y la presentación en el Congreso de la ley contra la trata.
Añaden también que el caso de Julio Iglesias pone de relieve una realidad estructural que afecta a miles de trabajadoras del hogar. Mujeres —en muchos casos migrantes, racializadas y en situación de vulnerabilidad económica— que desempeñan su labor en espacios privados, con escasos mecanismos de control y protección frente al abuso de poder.
Para la Comisión 8M, las denuncias ilustran una violencia sostenida por un sistema patriarcal y colonial que lleva años siendo señalado por los colectivos feministas y de trabajadoras de los cuidados.
Nuevas leyes y avances normativos
En este contexto, reclaman al Gobierno avances normativos urgentes en materia laboral en el ámbito doméstico y exigen que se presente de una vez la ley contra la trata en la que trabaja el Ministerio de Igualdad.
Sin estos cambios estructurales, advierten, la retirada de una medalla a un personaje público puede tener un valor simbólico, pero no transforma las condiciones que permiten la violencia hacia las mujeres.
Por su parte, el cantante ha rechazado hoy, en un comunicado emitido en su cuenta de la red Instagran, las acusaciones de agresión sexual y maltrato. En el mismo, que firma a mano, asegura no haber sentido nunca «tanta maldad» y ha negado «haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer».