Por décadas, las mujeres han sido el pilar silencioso del sostenimiento de la vida: madres, cuidadoras y trabajadoras. Ese silencio se reproduce también cuando llega el momento de retirarse y el sistema les devuelve menos. Mucho menos.
Un reciente informe elaborado por el Instituto de las Mujeres junto con la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social pone cifras, razones y propuestas sobre la mesa: el acceso a la jubilación anticipada no solo es desigual, sino que perpetúa la discriminación estructural que las mujeres ya sufren durante su vida laboral.
En teoría, jubilarse antes de la edad ordinaria es un derecho que puede solicitarse bajo determinadas condiciones. En la práctica, esas condiciones están diseñadas para trayectorias laborales continuas, estables y largas: exactamente lo contrario de lo que caracteriza la vida laboral de muchas mujeres.
Ellas tienen más contratos temporales, más interrupciones por cuidados y más empleo a tiempo parcial. Y todo eso penaliza.
El espejismo de anticipar la jubilación
Según el informe, la jubilación anticipada voluntaria exige un mínimo de 35 años de cotización efectiva. Sin embargo, el 59 % de las mujeres ocupadas en España tienen una carrera de cotización interrumpida, lo que dificulta enormemente cumplir este requisito.
Por si fuera poco, a quienes logran acceder se les aplica coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión. El resultado es una pensión más baja durante más años, ya que las mujeres viven, de media, cinco años más que los hombres.
El documento analiza también la jubilación anticipada por actividad penosa o peligrosa, una opción históricamente ligada a sectores como la minería, la siderurgia o el transporte ferroviario, todos ellos altamente masculinizados.
Jubilación por actividad: un sesgo masculino
Mientras tanto, trabajos como el de cuidadoras, empleadas de hogar o camareras de piso —ocupaciones ejercidas mayoritariamente por mujeres— no han sido reconocidos como merecedores de jubilación anticipada, a pesar del alto coste físico y emocional que implican.
El informe denuncia, también, que ni siquiera se han aceptado las solicitudes planteadas para incluir en este régimen a colectivos como las mariscadoras, las trabajadoras del hogar o las camareras de piso, pese a que estas profesiones acumulan altos niveles de enfermedades musculoesqueléticas, fatiga mental y exposición a riesgos psicosociales.
Cuidar no cotiza
Uno de los elementos más estructurales de la desigualdad en las pensiones es la penalización por los cuidados. El 91% de las excedencias por cuidado de hijos o familiares dependientes son solicitadas por mujeres. Este dato, combinado con una mayor tasa de parcialidad (24,5% de las mujeres frente al 7,5% de los hombres), explica por qué sus pensiones son más bajas.
Con esto, la brecha en las pensiones no es anecdótica, al contrario. Según los datos incluidos en el informe, en España la diferencia entre la pensión media que perciben hombres y mujeres supera el 30%. Aunque se ha reducido ligeramente desde el inicio de la década (en torno a cuatro puntos porcentuales), sigue siendo una de las más persistentes de Europa occidental.
Propuestas para un sistema más justo
El informe no se queda en el diagnóstico, sino que propone una batería de medidas para revertir estas desigualdades. Entre ellas, flexibilizar el requisito de años cotizados en el caso de carreras laborales discontinuas; incorporar los cuidados como tiempo computable a efectos de pensión, y ampliar los criterios para reconocer actividades laborales especialmente penosas que afectan mayoritariamente a mujeres.
Otro tipo de reformas que sugiere el estudio se centran en la necesidad de revisar el listado oficial de enfermedades profesionales con perspectiva de género.
Actualmente, se han patologías frecuentes en trabajadoras de sectores feminizados —como el síndrome del túnel carpiano, tendinitis o fatiga mental— que no figuran como enfermedades profesionales, obligando a muchas mujeres a recurrir a la vía judicial para ver reconocidos sus derechos.
Una cuestión de justicia social
Como subrayan las expertas participantes en el análisis como María Emilia Casas, Carmen Grau o María Gema Quintero, la jubilación no puede seguir reproduciendo las desigualdades del mercado laboral y es necesario pensar en términos de justicia social y redistribución.
Eso pasa, por tanto, por reconocer que el trabajo no remunerado, los cuidados y las condiciones precarias que sufren muchas mujeres durante su vida activa deben tener una compensación justa en el momento del retiro.