Bruselas empieza, tímidamente, a reconocer que, para muchas mujeres europeas, el acceso al aborto sigue implicando hacer la maleta. Por ello, el Parlamento ha aprobado una resolución no vinculante que pide crear un mecanismo de solidaridad financiado con fondos de la UE.
La finalidad de dichos fondos económicos es ayudar a las mujeres que no pueden acceder a un aborto seguro y legal en su país de origen. La iniciativa está respaldada por una mayoría progresista de la Eurocámara que responde a una realidad tozuda que se da en pleno 2025. El lugar de residencia, advierte la resolución, sigue determinando la capacidad de las mujeres para ejercer su derecho a decidir.
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