«Vergonzosa». María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno. “Un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal», Irene Montero, eurodiputada de Podemos. «No se puede estar cuestionando permanentemente la voz de las mujeres», Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Los calificativos y frases anteriores son solo algunos ejemplos de las reacciones a la sentencia absolutoria por violación a favor del exjugador del FC Barcelona, Dani Alves, dictada la pasada semana por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Desde que se conoció la revocación de la pena condenatoria a cuatro años y seis meses de cárcel impuesta por un juzgado catalán hace un año (febrero de 2024), las voces en contra de la decisión se han sucedido una tras otra, provocando en estos últimos días un nuevo revuelo político y judicial.
Por un lado, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha pedido respeto a las sentencias de los jueces tras la frase lapidaria de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Por otro, las reacciones en el seno de las asociaciones de jueces y fiscales no se han hecho esperar tras lo verbalizado por la ministra de Hacienda. La mayoría de estas entidades ha instado a los políticos a respetar a las instituciones y “a la responsabilidad de sus declaraciones” cuando media una declaración judicial.
Sin rectificaciones
Ha pasado el fin de semana y las respuestas a Montero tras mostrar su queja por el resultado de la sentencia continúan. La ministra lamentó en un acto público que situaciones así puedan desanimar a “mujeres jóvenes, valientes, a denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos”.
Así, en un cruce intencionado de reproches, Montero ha zanjado hoy la cuestión con un tweet en su cuenta de la red social X, en el que aclara su posición, sin tamizarla.
“No voy a aceptar lecciones ni tergiversaciones del PP”, escribe. “Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo”.
En esa misma línea va la posición de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE). AMJE se ha desvinculado del comunicado conjunto lanzado hoy por varias asociaciones de jueces y fiscales y, “salvaguardando la presunción de inocencia”, se ha colocado del lado de las víctimas, afirmando que no les cerrarán las puertas de la justicia.
Devastadoras consecuencias
Las juezas consideran que «diseccionar las declaraciones de las víctimas atribuyendo extraordinario valor a posibles contradicciones en aspectos accesorios, sin atender al relato global y a los elementos de corroboración periférica nos llevaría, en aras a un pretendido método y rigor científico, a verdaderas situaciones de impunidad que, de nuevo, afectarán de forma evidente a mujeres e infancia, víctimas principales de estos delitos”.
De ser así, auguran “devastadoras consecuencias” para las mujeres, pero también para la misma justicia, en cuanto al retroceso de los avances para la protección de las víctimas.
Una posición corroborada por la magistrada Carla Vallejo, coordinadora de AMJE, quien en declaraciones para el programa ‘La hora de La 1’, ha calificado hoy la sentencia de “estricta”. Vallejo ha explicado que “da demasiado valor a posibles ocultaciones y contradicciones y no repara en las dificultades de las víctimas de violencia sexual a las que no se les puede pedir un relato perfecto debido al trauma”.
Según su criterio, la sentencia, tal y como está recogida, impide la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en su totalidad sobre otorgar valor a la versión de la víctima y que se aplica diariamente en los tribunales.
Precisamente por esa aplicación habitual de la jurisprudencia, Vallejo ha querido mandar un mensaje de confianza a las mujeres. “Desgraciadamente, casos de violencia sexual vemos a diario en los juzgados y en ellos la declaración de la víctima permite emitir sentencias condenatorias”, ha afirmado.
Comunicado conjunto del resto de asociaciones
Al mismo tiempo que las juezas de AMJE lanzaban su comunicado, el resto de asociaciones de jueces y fiscales hacían lo propio con un texto conjunto. En el mismo, resaltan la importancia de la presunción de inocencia como «derecho fundamental recogido en nuestra Constitución”. “Cuestionar este este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios», aseguran.
No obstante, también han recogido la necesidad de proteger y apoyar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales, por lo que sus testimonios deben ser valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen. «Esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto», han matizado.