Los juzgados españoles registraron 50.911 denuncias por violencia de género entre enero y marzo de 2026. Esto supone un 6,36% más que en el mismo periodo del año anterior. Lo que hay detrás de esa cifra son 45.220 mujeres que decidieron acudir a comisaría o al juzgado para señalar a quien las maltrata y que con respecto al año anterior son un 3,75% más.
El aumento de las denuncias, sin embargo, no vino acompañado de un refuerzo proporcional en la protección judicial. Es decir, las órdenes solicitadas bajaron un 2,5% y las concedidas, un 1,8%, repitiendo la tendencia descendente ya observada en el primer trimestre de 2025.

Los datos, publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género a partir de la estadística del Consejo General del Poder Judicial, dibujan un mapa similar en todo el país. Por ejemplo, Baleares encabeza la tasa de víctimas denunciantes con 28,7 por cada 10.000 mujeres. Le siguen Navarra (24,5), Canarias (23,4) y la Comunidad Valenciana (23).
Madrid y Murcia comparten una tasa de 21,2%. En el extremo contrario, Castilla y León (11,4) y Galicia (12,4) registran las tasas más bajas. En cuanto a la media nacional, esta se sitúa en 18,1 víctimas por cada 10.000 mujeres, medio punto más que un año atrás.
Dos de cada tres denunciantes, españolas
Sobre la nacionalidad de las denunciantes, la estadística revela que el 60,73% de las mujeres tenían nacionalidad española, frente al 39,27% de origen extranjero. Y entre los 107 menores identificados como víctimas en las denuncias —hijos e hijas de las mujeres denunciantes—, el 72,90% también era de nacionalidad española.
Junto a la nacionalidad, las cifras del Observatorio recogen también que 5.337 mujeres, el 11,8% del total de denunciantes, se acogieron a la dispensa legal que les permite no declarar contra su agresor. Esta es una cifra que crece un 8,63% respecto al primer trimestre de 2025.
De las 5.337 mujeres que denunciaron violencia de género en el primer trimestre del año, 2.953 eran españolas.
De ellas, 2.953 eran españolas y 2.384 procedían de otros países. Esta dispensa, contemplada en la ley para proteger a las víctimas de la presión de declarar contra su pareja o expareja, sigue siendo objeto de debate entre quienes advierten de que puede dificultar la condena del agresor cuando el testimonio de la víctima es la principal prueba del proceso.
Por otro lado, la proporción de denuncias presentadas directamente por las víctimas alcanzó el 75,01% del total, frente al 70,49% de hace un año. Los partes de lesiones recibidos en el juzgado sumaron 3.222 y los atestados derivados de intervención policial directa, 7.002.
Menos órdenes de protección, más medidas cautelares
Las secciones de Violencia sobre la Mujer y las secciones de guardia recibieron 10.853 solicitudes de protección y acordaron 7.417, lo que equivale a 20,47 órdenes por cada 100 mujeres víctimas, una décima menos que en 2025. En el 42,3% de los casos en que se solicitó protección, la víctima mantenía aún la relación de pareja con su agresor en el momento de pedirla.
De las medidas penales adoptadas para proteger a las víctimas, la prohibición de comunicación (5.537 casos) y la orden de alejamiento (5.330) fueron las más habituales. En el ámbito civil, destacaron la prestación de alimentos (1.352) y la suspensión del régimen de visitas (935), mientras que en 207 casos los jueces llegaron a suspender la patria potestad del agresor.

Ocho de cada diez sentencias, condenatorias
De las 15.474 sentencias dictadas en el trimestre, el 81,78% fueron condenatorias. Las secciones de Violencia sobre la Mujer, especializadas en esta materia, alcanzaron el porcentaje más alto de condenas, con un 93,19%, frente al 80,46% de las Audiencias Provinciales y el 71,64% de las Secciones de lo Penal.
El informe incorpora también, por primera vez desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 el pasado 3 de octubre, los datos de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, competencia que ahora asumen las Secciones de Violencia sobre la Mujer.
De las 15.474 sentencias dictadas entre enero y marzo, el 81,78% fueron condenatorias.
En este apartado se registraron 3.451 denuncias y otras tantas víctimas, con 2.090 mujeres españolas y 1.361 extranjeras. El delito de trata con fines de explotación sexual sumó 72 casos en estos tres meses, una cifra que cobra especial relevancia en el contexto de vigilancia reforzada que distintas organizaciones reclaman de cara a grandes eventos internacionales celebrados en territorio español.
Por último, las Secciones de Menores juzgaron a 119 menores de edad por delitos de violencia sobre la mujer entre enero y marzo, frente a los 110 del año anterior, e impusieron medidas equivalentes a una condena en 104 de los 119 casos analizados.
