El Parlamento Europeo ha vuelto a señalar una de las desigualdades estructurales más persistentes de la Unión Europea. Se trata de la brecha salarial de género y su impacto directo en las pensiones.
En un informe aprobado este miércoles por las comisiones de Empleo y de Igualdad de Género, la Eurocámara reclama intensificar las políticas para corregir un sistema laboral que penaliza a las mujeres durante toda su vida profesional y las empuja, ya jubiladas, a una peor calidad de vida.
El texto, respaldado por 58 votos a favor, seis en contra y 15 abstenciones, subraya que los sectores con mayor presencia femenina continúan estando infravalorados y peor remunerados.
Ello, a pesar de que las mujeres jóvenes superan cada vez más a los hombres en nivel educativo. Una paradoja que, lejos de corregirse, se traduce en trayectorias laborales más inestables, salarios más bajos y una menor acumulación de derechos de pensión.
El coste de la desigualdad
Según los datos recogidos en el informe, la brecha salarial de género tuvo en 2023 un impacto económico de 390.000 millones de euros en la Unión Europea. Ese mismo año, las mujeres trabajaron entre 54 y 67 días sin remuneración efectiva en comparación con los hombres.
Una desigualdad que se prolonga hasta la jubilación. Solo en 2024, el 16,9% de las mujeres jubiladas se encontraba en riesgo de pobreza, casi el doble que los hombres. Un reflejo de un sistema que sigue sin garantizar una vejez digna en igualdad de condiciones.
La desigualdad entre hombres y mujeres tiene un coste anual en la UE de casi 400.000 millones de euros.
Justicia social y necesidad económica
Los eurodiputados advierten de que mejorar la participación laboral de las mujeres y sus condiciones de trabajo no es solo una cuestión de justicia social, sino también una necesidad económica para la UE.
Entre las razones obvias, enumeran la de incrementar el empleo femenino como fórmula para paliar la escasez de mano de obra y de competencias en sectores clave. Y la de impulsar la productividad y el crecimiento económico para mejorar el contexto de envejecimiento demográfico actual.
En este marco, el Parlamento insta a la Comisión Europea a presentar una estrategia ambiciosa de igualdad de género. Pero, además, pide que se acompañe de un plan de acción específico para erradicar las brechas salariales y de pensiones.
Eliminar la sobre carga de trabajo doméstico y de cuidados
Entre las medidas reclamadas figuran la garantía de salarios justos en sectores feminizados y la inclusión de inversiones concretas en el próximo marco financiero plurianual. Esta fórmula tiene como objetivo reforzar la conciliación y desarrollar un sistema de cuidados “fiable y accesible”.
El informe pone el acento en la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Estos los siguen asumiendo mayoritariamente las mujeres y se presentan como los principales factores que alimentan estas desigualdades.
La ausencia de servicios públicos eficaces para el cuidado obliga a muchas mujeres a recudir su jornada labora o renunciar a sus trabajos, lo que tiene un impacto directo en sus pensiones.
Esta realidad limita su participación en el mercado laboral y reduce de forma drástica sus cotizaciones. Especialmente en ausencia de servicios públicos suficientes de cuidado infantil y de atención de larga duración. Como consecuencia, muchas mujeres se ven obligadas a trabajar a tiempo parcial o a abandonar el empleo, con un impacto directo en sus futuras pensiones.
Promover la corresponsabilidad
Para revertir esta situación, la Eurocámara pide a los Estados miembros que fomenten el uso efectivo del permiso parental y promuevan permisos de paternidad no transferibles y adecuadamente remunerados. El objetivo es redistribuir las responsabilidades de cuidado y facilitar que más mujeres puedan mantenerse activas en el empleo a lo largo de su vida laboral.
El Parlamento reclama también una rápida transposición y aplicación de directivas clave, como la de Transparencia Salarial, la de Conciliación y la de Equilibrio de Género en los Consejos de Administración
Esta última, por ejemplo, aún está pendiente de desarrollo y aplicación en diez países de la UE. Sin embargo, es una norma esencial para desmontar las desigualdades estructurales que siguen marcando el mercado de trabajo europeo. España lleva desde 2023 trabajando en su aplicación que deberá ser plena en junio de este año.