La Asamblea de Madrid someterá hoy a votación la nueva Ley de Hacienda impulsada por el Ejecutivo regional, que prevé aprobarla gracias a la mayoría absoluta del PP. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha defendido que la norma es “imprescindible” para garantizar la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El objetivo del Gobierno es reunir en un único texto toda la normativa financiera, evitar duplicidades y adaptar el marco madrileño a las exigencias europeas y a los retos actuales de gestión. “Es una ley que ordena, simplifica y da coherencia al sistema”, afirmó Albert en el debate de enmiendas.

La oposición critica posibles impactos en los controles públicos
A pesar de la previsible aprobación, todos los grupos de la oposición han anunciado su voto en contra.
Desde Más Madrid, la diputada Marta Lozano alerta de que el texto podría afectar a la independencia funcional de la Cámara de Cuentas y modificar las competencias de la Intervención General.
El PSOE también ha mostrado dudas sobre el alcance de la reforma, que en su opinión supone “un cambio profundo” en el sistema de control financiero de la Comunidad y afecta a empresas públicas como Canal de Isabel II.

Vox discrepa del enfoque jurídico y territorial
Vox ha confirmado que no respaldará la norma. Su diputada, Ana Cuartero, sostiene que el texto debe reforzar “la lealtad institucional” y considera que algunas disposiciones no se ajustan a su modelo territorial.
La falta de consenso, sin embargo, no compromete la aprobación, ya que el PP cuenta con los votos necesarios para sacar adelante la ley en la sesión de hoy.
Un debate que marcará la agenda económica de la legislatura
Si la ley queda finalmente aprobada, Madrid estrenará un marco financiero renovado tras años sin grandes reformas. No obstante, varios grupos estudian posibles recursos y revisiones jurídicas, por lo que el debate promete continuar más allá del Pleno.
Este asunto será uno de los ejes del debate económico de los próximos meses, especialmente por su relación con los órganos de control y la gestión de empresas públicas.
