Minuto de silencio en la Asamblea de Madrid por Hortensia, la mujer de 88 años, asesinada en San Sebastián de los Reyes, víctima de la violencia de género.

La protección de las mujeres víctimas de violencia machista vuelve este jueves, 19 de noviembre, al centro del debate político en la Asamblea de Madrid. A pocos días del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, comparecerá ante el Pleno para explicar las medidas del Gobierno regional contra la violencia de género.

La comparecencia ha sido solicitada por el PSOE, que acusa al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de no destinar suficientes recursos a la protección de las víctimas y de mantener carencias en los mecanismos destinados a evaluar el riesgo que corren las mujeres que sufren maltrato.

Frente a estas críticas, la Comunidad de Madrid ha insistido en reclamar al Gobierno de España una revisión del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén), al considerar que existen deficiencias en la valoración del riesgo.

El PSOE cuestiona los recursos para proteger a las mujeres

Los socialistas han reclamado en reiteradas ocasiones una mayor implicación del Gobierno regional en la prevención y atención a las víctimas de violencia machista.

Una de sus principales críticas se centra en las Unidades de Valoración Forense Integral, equipos especializados que analizan las circunstancias de las víctimas y contribuyen a evaluar el riesgo y las necesidades de protección.

El PSOE considera que la insuficiencia de medios en estas unidades puede afectar a la capacidad de respuesta ante situaciones de violencia de género.

La formación también ha reprochado a Isabel Díaz Ayuso su posicionamiento público ante los asesinatos machistas, llegando a acusarla de ser la única presidenta autonómica que no condena los feminicidios registrados en su territorio.

Se trata de una acusación política del PSOE que deberá diferenciarse de las actuaciones institucionales efectivamente realizadas por el Gobierno regional.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León

La Comunidad de Madrid señala los fallos del sistema VioGén

Por su parte, el Ejecutivo autonómico ha centrado buena parte de sus críticas en el funcionamiento del sistema estatal VioGén, utilizado por las fuerzas de seguridad para realizar el seguimiento de los casos de violencia de género.

El Gobierno madrileño ha reclamado al Ministerio del Interior una revisión urgente de los mecanismos de evaluación del riesgo.

En su última petición, realizada el 9 de octubre, la Comunidad de Madrid destacó que, según sus datos, la mitad de las mujeres asesinadas hasta ese momento estaban clasificadas como víctimas de riesgo bajo.

El Ejecutivo regional considera que esta circunstancia evidencia la necesidad de mejorar las herramientas de valoración y seguimiento.

No obstante, una clasificación de riesgo bajo no significa que una mujer esté libre de peligro, y la eficacia de los mecanismos de protección depende también de los recursos disponibles y de la coordinación entre administraciones.

Dos administraciones y una responsabilidad compartida

El enfrentamiento entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central pone sobre la mesa una cuestión fundamental: la protección de las víctimas requiere la intervención coordinada de diferentes administraciones.

Mientras el sistema VioGén depende del Ministerio del Interior y de las fuerzas de seguridad que participan en él, la Comunidad de Madrid dispone de competencias en materia de asistencia social y recursos de atención a las víctimas.

Los ayuntamientos también desempeñan un papel relevante a través de los servicios sociales municipales, los recursos de atención a las mujeres y la coordinación con los cuerpos policiales.

Por ello, las medidas de prevención, detección y protección no dependen de una única institución.

Más Madrid pide un plan contra la violencia inmobiliaria hacia las mujeres

La sesión parlamentaria también abordará otra dimensión de la vulnerabilidad que sufren algunas mujeres: las dificultades para acceder a una vivienda segura.

Más Madrid defenderá una proposición no de ley para crear un Plan Regional contra la Violencia Inmobiliaria hacia las Mujeres.

La iniciativa plantea establecer un protocolo de coordinación entre las áreas de vivienda, igualdad y los servicios sociales municipales.

Entre sus propuestas figuran ampliar el parque público de alquiler social, reforzar el acceso prioritario a la vivienda de las víctimas de violencia de género, las familias monomarentales y las mujeres en situación de vulnerabilidad.

También reclama aumentar las plazas de alojamiento para evitar que una mujer tenga que continuar conviviendo con su agresor por falta de alternativas habitacionales.

La propuesta busca incorporar la perspectiva de género a las políticas de vivienda y mejorar la respuesta institucional ante situaciones en las que la dependencia económica o residencial dificulta abandonar una relación violenta.

Un debate a las puertas del 25N

La comparecencia de Ana Dávila se celebra en una semana especialmente significativa para la lucha contra la violencia machista.

A pocos días del 25 de noviembre, los grupos parlamentarios volverán a confrontar sus posiciones sobre la protección de las víctimas, los recursos disponibles y las responsabilidades de cada administración.

Más allá del enfrentamiento político, el debate plantea una cuestión esencial: cómo garantizar que las mujeres que sufren violencia reciban protección efectiva, atención especializada y alternativas reales para salir de esa situación.

La sesión permitirá conocer las medidas que defiende el Gobierno regional y las respuestas de la consejera a las críticas de la oposición.

Periodista. Directora de Noticias para Municipios y miembro de SML

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