El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado a la Comunidad de Madrid iniciar los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) y la implantación del mismo conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Así consta en una resolución en la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad ante la inactividad del Gobierno regional de cara a elaborar la lista de objetores de conciencia para dichas interrupciones.
La resolución judicial precisa expresamente que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la normativa vigente.
La decisión se adopta en el marco de un recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la Abogacía del Estado contra la inactividad de la administración autonómica en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
El precepto legal establece que, con fines organizativos y para garantizar la adecuada gestión de la prestación sanitaria, las comunidades autónomas deben disponer de un registro de profesionales objetores de conciencia.
Planificación sanitaria
Este instrumento tiene como finalidad facilitar la planificación sanitaria y asegurar la correcta prestación del servicio dentro del Sistema Nacional de Salud, compatibilizando el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo con el ejercicio del derecho de los profesionales a la objeción de conciencia.
La Comunidad de Madrid se opuso a la creación del registro, y alegó que constituye una medida organizativa que requiere desarrollo reglamentario y que su imposición cautelar podría suponer una anticipación del resultado del proceso principal.
Hoy, la Sala concluye que concurre el riesgo de que la demora en la adopción de medidas permita prolongar indefinidamente el incumplimiento de una obligación legal expresamente establecida en una ley orgánica.
Madrid recurrirá la resolución judicial
Por su lado, la Comunidad de Madrid ha avanzado que recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y ha subrayado que el tribunal, en cualquier caso, «no entra en el fondo del asunto».
Tras conocerse esta decisión, la Consejería de Sanidad ha recordado que la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo «solo acepta la cautelar» solicitada desde el Ministerio e insta a iniciar los trámites pero «no entra aún en el fondo» de la cuestión principal.
En cualquier caso, fuentes del departamento que dirige Fátima Matute han avanzado que se presentará recurso en reposición cautelar contra este decisión. Lo hace, han remarcado a Europa Press fuentes de la Consejería, toda vez que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso «está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo».
Mónica García celebra la «victoria» judicial
Por su lado, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado la decisión juficial, que ha calificado de «victoria judicial por el derecho al aborto».
«La justicia da la razón al Ministerio de Sanidad y obliga a Ayuso a garantizar el aborto en la sanidad pública. Era la única comunidad que se negaba, derivando el 99 por ciento a la privada. Se acabó», ha destacado García en la red social ‘X’.
Asimismo, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha subrayado que la decisión del TSJM es un paso más para «garantizar el derecho al aborto en Madrid», así como «la seguridad jurídica de los objetores».
«Solo una comunidad autónoma se negó a crear el registro de objetores del aborto. Lo que no han querido hacer políticas las buenas lo harán por orden judicial», ha manifestado en la red social ‘X’.
