El Gobierno regional tramitó a finales de 2023 una orden para subir los precios de la vivienda protegida, una medida muy criticada por ayuntamientos gobernados por la izquierda.
Según la orden, el Ejecutivo regional también reajustará la zonificación de algunos municipios como Boadilla del Monte y Tres Cantos (que pasan de la zona B a la zona A) o San Agustín de Guadalix (de la zona C a la B) atendiendo al precio de venta de la vivienda libre y el nivel de renta media por hogar. Por otro lado, los municipios de la zona D se unificarán con los de la zona C debido al «impacto» de los costes de construcción.
Así, los precios máximos de venta por metro cuadrado pasarán a 2.450 euros en la zona A, 2.110 euros en la zona B y 1.900 euros en la zona C. Para la protección limitada, subirá 2.820 euros en la zona A, 2.430 euros en la zona B y 2.180 euros en la zona C.
Por lo tanto, la zona A estará formada por los municipios de Alcobendas, Boadilla del Monte, Las Rozas, Madrid, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos.
En cuanto a la zona B, estará integrada por Ajalvir, Alcalá de Henares, Alcorcón, Algete, Aranjuez, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Brunete, Ciempozuelos, Cobeña, Collado Villalba, Colmenarejo, Colmenar Viejo, Coslada, El Escorial, Fuenlabrada, Fuente el Saz de Jarama, Galapagar, Getafe, Humanes, Leganés, Mejorada del Campo, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Navalcarnero, Paracuellos de Jarama, Parla, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San Agustín de Guadalix, San Fernando de Henares, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de la Vega, Torrejón de Ardoz, Torrelodones, Valdemoro, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón. La zona C estará formada por el resto de municipios de la región.
Los precios máximos previstos en esta orden se actualizarán a partir del día 1 de enero de 2025, de acuerdo con la variación porcentual experimentada por el índice de precios al consumo en la fecha de la actualización.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha defendido esta subida de los precios de las viviendas con protección pública para «no frenar» la edificación de 30.000 viviendas asequibles de promoción privada en los próximos cuatro años en la región. De esta manera, el objetivo final es «impulsar la edificación de vivienda protegida de nueva construcción y compaginar la existencia de vivienda asequible para los sectores de población con menos recursos».
Es «necesario»
«Sabemos que es una iniciativa que se presta a la demagogia y la crítica gratuita, pero es realmente necesario proceder a la actualización para hacer viable la construcción de viviendas a precio asequible en Madrid. Es una medida valiente», ha recalcado el consejero.
Rodrigo ha indicado que la subida de los precios de la vivienda protegida fue una decisión que «tomó al llegar a la Consejería». Asimismo, ha explicado no se actualiza desde 2008 y que si no se realiza esta medida «va a ser imposible construir edificios con proyección publica».
«Madrid tiene que ser un mar de grúas. Si eso funciona, generaremos oferta y podremos bajar los precios de la vivienda. Ahora nos encontramos en un proceso de alegaciones y queremos aprobarlo lo antes posible», ha aseverado.
4.000 viviendas en 2024
Asimismo, ha destacado que se entregarán 4.000 viviendas en 2024 con el Plan Vive, que se sumarán a las 1.200 del Plan Solución Joven y las 1.576 de la Agencia de Vivienda Social para «incrementar el parque de vivienda pública regional».
Rodrigo ha recalcado el papel del Plan Vive, «el más ambicioso de alquiler asequible en toda Europa» y ha aseverado que «está siendo imitado por muchas administraciones, como el Ministerio de Vivienda, capaz de criticarlo y copiarlo a la vez».
«Contamos con 6.500 viviendas ya adjudicadas en 12 municipios de la región. Además, sumamos 1.912 en licitación en diez municipios y hemos terminado 274 más en Alcorcón, que se están comercializándose ya, junto a 209 en Tres Cantos y 300 en Alcalá de Henares», ha recordado.
