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La Comunidad de Madrid trasladó a distintas residencias privadas a 163 mayores durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, muchos de los cuales eran positivos por Covid-19, y tuvo que pagar a estos centros más de un millón de euros en concepto de indemnización.

Según ha adelantado la Cadena Ser, el Gobierno regional abonó un total de 1.103.642,34 euros, según los convenios y las respuestas obtenidas a través del Portal de Transparencia, a pesar de que en abril de 2020 la Abogacía General de la Comunidad de Madrid concluyó que las residencias privadas «tenían muy limitado el derecho a una compensación».

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Además, la Consejería de Sanidad ha reconocido que, de esas 163 persona trasladadas, 53 de ellas eran positivas por Covid-19 y 34 negativas, mientras que del resto de los mayores -76-, no es capaz de precisar cuál era su estado de salud.

Esto significa que la mitad de las reubicaciones se hicieron sin saber a ciencia cierta si esas personas estaban contagiadas, algo que la Consejería de Sanidad justifica en «la escasez de pruebas diagnósticas en aquella primera etapa de la de pandemia».

Sin embargo, desde el departamento dirigido por Enrique Ruiz Escudero insisten en que «independientemente de la realización de las mismas, [los traslados] se gestionaron en base al principio de máxima precaución«.

Según el listado de centros privados que ha desvelado la Cadena Ser, se da la circunstancia de que algunos de los centros receptores ya habían registrado contagios e incluso muertes y tenían dificultades para sectorizar y separar a los residentes en función de si tenían o no coronavirus.

Fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el centro Ballesol Alcalá. De las residencias que recibieron una indemnización, esta es la que más fallecidos tenía hasta el 26 de abril de 2020. Hasta esa fecha habían muerto allí, con síntomas compatibles con el COVID, 83 personas; además de otra con diagnóstico confirmado y de seis más que murieron en el hospital.

Sin embargo, a pesar de la situación de la residencia, la Consejería de Sanidad decidió trasladar a este centro a 16 mayores, por los que la residencia recibió una indemnización de 134.779,68 euros para compensar las estancias de estas personas entre abril y junio.

Una actuación de la UME en una residencia de mayores en la primera ola (Foto: Ep Archivo).

Traslados de positivos

Pese a que ya se conocía que la Comunidad de Madrid había movido a mayores de unos centros a otros durante las primeras semanas de la pandemia, hasta ahora nunca se había precisado que esos traslados incluían a mayores que habían dado positivo por Covid-19 —para los que la indicación de Salud Pública era el aislamiento estricto—.

Según los datos de la Cadena Ser, los mayores reubicados venían de un total de 22 centros -—entre hospitales y otras residencias—. El Hospital de La Poveda fue el principal punto de origen, pero en el listado aparecen incluso traslados de mayores desde el hospital de campaña que se levantó en IFEMA.

«Se sectorizaron los residentes tras una evaluación ‘in situ’ de los riesgos en cada caso y bajo este criterio se adoptaron las medidas ante cada situación específica«, explican desde la Consejería, que reconoce que buena parte de esos traslados —casi la mitad— se hicieron sin confirmación del estado de salud del residente, cuando ya estaba demostrado que el principal vector de transmisión del virus eran los positivos asintomáticos.

A pesar de ello, Sanidad justifica estos movimientos cuyo «principal objetivo —insisten— era contener la transmisión de la enfermedad.»

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