La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de «trilerismo» en las «becas para ricos» al equiparar la renta del núcleo familiar con la per cápita -el total dividido entre los miembros- en el caso de las «becas para ricos».
«Primero fue intentar confundir las clases medias con las bajas y ahora es confundir 20.000 euros de renta familiar con 20.000 euros de renta per cápita«, ha reprochado García desde Casa de Campo.
Ayer desde la Comunidad de Madrid aseguraron que el 94,2% de las becas de Bachillerato para el próximo curso escolar recayeron en familias con rentas inferiores a 20.000 euros.
García ha asegurado que «estas maniobras no opacan la realidad», que es que hay un modelo de «desigualdad» basado en la ruptura del modelo social al entregar becas a quienes «más tienen» para acceder «a un colegio privado».
«Es una maniobra de Robin Hood inverso siendo la comunidad que menos invierte en Educación de toda España», ha zanjado la líder de Más Madrid.
Sobre la nueva Ciudad de la Justicia
Asimismo, García ha augurado que la nueva Ciudad de la Justicia, cuya licitación fue aprobada ayer, traerá aparejado un «nuevo caso de corrupción» vinculado al PP.
«¿Por qué si podía costar 500 millones vamos a pagar 2.000 millones?», ha planteado García desde Casa de Campo, donde ha insistido en que se podría pagar cuatro veces menos y en 11 años en vez de los 2.000 millones a 40.
Entiende que la diferencia de precios estará «trufada» de «comisionistas, chanchullos y casos» que acabarán derivando en un nuevo ‘Caso Ciudad de la Justicia’.
Al hilo, ha apuntado que esta manera de financiarse –que ha vinculado por la expresidenta Esperanza Aguirre– hace «temer» que habrá una trama de fondo en este complejo.
Este miércoles el Consejo de Gobierno aprobó la licitación de esta estructura que concentrará en este punto de la capital los 356 órganos judiciales dispersos en la actualidad por 28 inmuebles de la ciudad, muchos de ellos de alquiler.
La fórmula elegida por la Administración regional para la Ciudad de la Justicia, respaldada en los correspondientes estudios de viabilidad y tras el cumplimiento de los necesarios trámites de consulta e información públicas, consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años.
El canon asciende, como máximo, a 49,3 millones de euros -más IVA-, cantidad que no será sometida a revisión (y sólo en un 20% de la misma) hasta el octavo año del contrato. Además, esta cuantía solo será examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.
Esta cifra supondrá para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid, según sus cálculos, un ahorro superior a los 20 millones de euros respecto a los 72 que invierte anualmente el Gobierno autonómico en la prestación del mismo servicio, incluyendo, entre otros gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo.