Los agricultores, convocados por Asaja, UPA y COAG, continúan durante esta semana con un extenso calendario de protestas por toda España en defensa del campo español. Las reivindicaciones se llevarán a cabo con cortes en las principales carreteras y vías comarcales, según anunciaron la semana pasada.
Las tractoradas convocadas también incluyen la Comunidad de Madrid, en la M-404, con una protesta hoy mismo además de otras previstas para algunas de las provincias de comunidades como Castilla y León, Aragón, País Vasco, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cantabria y Murcia.

Además, los ramales madrileños de las organizaciones agrarias Asaja, UPA y AGIM-COAG han convocado a agricultores y ganaderos el miércoles 14 de febrero ante Mercamadrid dentro de las tres semanas de movilizaciones conjuntas que preparan.
La protesta en Mercamadrid del 14 de febrero no será la última, ya que está previsto que sus quejas se plasmen en días posteriores con «una gran ‘tractorada’ por las autovías que rodean y parte de la capital» y en los últimos días de febrero, en una fecha aún por determinar, los tres sindicatos agrarios convocarán una manifestación hasta la sede de la Comisión Europea.
Asaja Madrid, UPA Madrid y AGIM-COAG coordinan una campaña de concentraciones y encaran «con decisión y firmeza» una nueva fase de las demandas. Por su parte, Unión de Uniones mantiene su calendario de protestas en España y la gran tractorada para llegar a Madrid que estaba prevista para el miércoles 21 de febrero.
Reivindicaciones del campo
Las asociaciones convocantes de estas protestas piden que se elabore un «ambicioso» plan de choque que recoja medidas tanto a nivel europeo, como por parte del Gobierno de España y de las comunidades autónomas.

Las organizaciones agrarias reclaman al Ejecutivo central soluciones inmediatas para abordar los problemas del campo relacionados con las consecuencias de la sequía y la guerra en Ucrania, los precios y los costes de producción, así como la simplificación y flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea y cuestiones laborales y de la Seguridad Social.
