La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley de Integridad Pública por ser «un salvoconducto para que la corrupción siga campando a sus anchas» en el Gobierno de la nación y que fomenta prácticas «opacas y corruptas».
Así lo ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha subrayado que este texto consagraría con rango de ley orgánica «las prácticas fraudulentas y corruptas» realizadas presuntamente en tramas como la de Servinabar, donde estaría implicado el exsecretario general del PSOE Santos Cerdán.
Según ha explicado, la norma sustituye la escritura pública ante notario que refleja la estructura societaria de una empresa por un documento privado electrónico, «desmantelando un sistema de prevención como el español, reconocido internacionalmente y que actúa desde las notarías como barrera frente al blanqueo de capitales, la corrupción y el fraude».
Función «esencial» de los notarios
A su juicio, los notarios cumplen una función «esencial», ya que no solo dan seguridad jurídica a las operaciones, sino que permiten «saber quién está realmente detrás de las empresas» a través del Registro de Titularidades Reales, «algo fundamental para perseguir el crimen organizado».
«De esta forma, pretenden cargarse de un plumazo una herramienta clave para la UCO, la UDEF, los jueces y fiscales en la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el fraude», ha lamentado.
Además, considera que «la norma propuesta añade más cargas burocráticas y más papeleo» a empresas y administraciones, lo que se traduce en «más costes y más complicaciones para el día a día de las empresas».
Una Agencia independiente
El anteproyecto también concentra toda la lucha contra la corrupción en una sola Agencia que califica de «independiente» pero que funcionaría, a su juicio, «una vez colonizada por un comisario sanchista, como un apéndice más del Palacio de La Moncloa», como ya se ha visto con otros órganos e instituciones en los últimos años».
«Por todo ello, el rechazo al texto ha sido generalizado y rotundo. Notarios y abogados, e incluso la Comisión General de Codificación y el Consejo Fiscal alertan sobre lo mismo: que esta Ley, en la práctica, supondría menos controles contra el fraude, el blanqueo y la corrupción, más inseguridad jurídica, más burocracia, e incluso advierten errores de técnica legislativa», ha incidido.
Por último, García Martín ha subrayado que nada de lo que hace el presidente del Gobierno es «casual», sino que esta medida supone «un paso más en el desmantelamiento de la arquitectura institucional y de los controles y contrapesos que consagra la Constitución de 1978».
