Urbagestión, la sociedad propietaria del piso del que Maricarmen fue desalojada esta semana, ha propuesto al Ayuntamiento de Madrid que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) gestione esa vivienda. El objetivo sería que ella pudiera volver a vivir allí pagando un alquiler social o asequible. La información la adelantó Libertad Digital, y elDiario.es ha confirmado que el Consistorio ha recibido la oferta.
La decisión corresponde ahora al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida, que todavía tiene que responder.
La propuesta se ha planteado sin contar con Maricarmen. Según elDiario.es, ni su abogada ni el Sindicato de Inquilinas tenían constancia de ella. Ese medio ha preguntado a Urbagestión, administrada por los hermanos Ricardo y Fernando Alonso Fuentes, sin obtener respuesta.
Un programa municipal
El cauce para ese alquiler podría ser Reviva, un programa municipal por el que particulares ceden sus pisos al Ayuntamiento para que los alquile. A cambio, la EMVS asume varios gastos de la propiedad, como la cuota ordinaria de la comunidad, el seguro del hogar, las reparaciones ordinarias y el IBI.
En ese programa es la propia EMVS quien gestiona el contrato y elige a quién se adjudica cada vivienda entre las personas inscritas. Funciona en paralelo a la oferta municipal de vivienda pública protegida.
Los propietarios de Urgagestión niegan que recibieran una oferta de compra de la agencia estatal de la vivienda ‘Casa 47’.
Lo que se intentó antes del desahucio
Maricarmen llegó a esa casa en 1956, con 17 años, y ha vivido en ella durante siete décadas. El miércoles salió en camilla, con la salud muy deteriorada, después de que la policía forzara la puerta. El desahucio lo ordenó la jueza Elena Cortina Blanco a raíz de la denuncia de Urbagestión.
Antes de llegar a ese punto, la empresa rechazó varias salidas. El músico James Rhodes se ofreció a pagar el alquiler o a comprar el piso. Además, el Ministerio de Vivienda planteó adquirirlo a través de la empresa pública Casa 47, una circunstancia que los propietarios niegan, y una escritora que quiso mantenerse en el anonimato, se ofreció a abonar la renta que reclamaba la propiedad.
El Ayuntamiento solo le ofreció una plaza en una residencia cuyo coste igualaba su pensión y, después, le indicó que acudiera a los servicios sociales. Desde el hospital, Maricarmen ha pedido que el problema con los fondos buitre «se elimine de una vez».