Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se ha acogido este lunes a su derecho a no efectuar su declaración ante la jueza Inmaculada Iglesias, siguiendo el consejo de su defensa.
El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid tenía hoy cita para comparecer en los juzgados en el marco de la causa en la que se le investiga por dos posibles delitos fiscales y uno de falsedad documental relacionados con un presunto fraude tributario, según han informado fuentes jurídicas.
La decisión de la pareja de Ayuso de no prestar declaración responde a la recomendación de sus abogados, ya que aún no se ha resuelto el recurso de apelación presentado contra la apertura de una pieza separada destinada a investigar otros posibles delitos, solicitada por la acusación popular que representan el PSOE y Más Madrid.
Los letrados de González Amador consideran que, sin la resolución de la Audiencia de Madrid, el alcance de la investigación sigue sin estar claro, lo que vulneraría los derechos de su cliente. Por ello, solicitaron previamente la suspensión de la comparecencia, pero la jueza desestimó su petición.
Una vez se conozca el auto, la defensa de la pareja de Ayuso ha avanzado que pedirá que se efectúe una declaración voluntaria del acusado ante la magistrada, según las mismas fuentes.
La jueza decidió abrir una investigación independiente del procedimiento principal por el presunto uso de una sociedad instrumental para «ocultar unos ingresos» procedentes del Grupo Quirón que deberían haber sido declarados.
Golpeado a la salida del juzgado por una cámara
González Amador llegó al juzgado alrededor de las diez de la mañana con un semblante tranquilo y sonriente. Una vez dentro, se acogió a su derecho a no declarar, siguiendo la recomendación de sus abogados.
Al salir, sufrió un leve golpe en la cabeza tras chocar con una cámara mientras era rodeado por una quincena de periodistas.
La citación de este lunes se enmarca dentro del procedimiento en el que también están implicadas otras cuatro personas, quienes, al igual que González Amador, optaron por no declarar. De esta investigación principal surgió la pieza separada que examina otros posibles delitos.
Acusado de un supuesto fraude fiscal
El caso se centra en supuestas irregularidades relacionadas con el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, así como en un presunto delito de falsedad documental, ya que se habrían presentado facturas que, al parecer, no corresponden con servicios realmente prestados, con el objetivo de reducir la cantidad a pagar en impuestos.
Según el auto de apertura de diligencias, la jueza sostiene que estas presuntas prácticas habrían provocado que el contribuyente dejara de abonar 155.000 euros a la Hacienda Pública en 2020 y 195.951 euros en 2021 en concepto de Impuesto de Sociedades.
La magistrada considera que estos hechos podrían constituir «delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal».
La investigación se inició tras un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un posible fraude fiscal, al detectar «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades». Según la denuncia del fiscal, estos gastos no corresponderían con servicios reales y su propósito sería reducir la cantidad a pagar en impuestos por los ejercicios de 2020 y 2021.
Hace un año, la Agencia Tributaria remitió un informe a la Fiscalía sobre la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, en el que se apuntaban posibles irregularidades fiscales. Dicho documento indicaba la existencia de un fraude tributario superior a 120.000 euros, además de la presentación de facturas presuntamente falsas con el objetivo de disminuir la cuota tributaria a pagar.
Aplazamientos en la declaración de la pareja de Ayuso
Las declaraciones en este procedimiento han sido pospuestas en cuatro ocasiones. La primera suspensión tuvo lugar el 24 de junio, después de que la acusación popular representada por PSOE y Más Madrid pidiera investigar cinco nuevos posibles delitos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria incorporado al caso.
En octubre, la jueza ordenó abrir una pieza separada para analizar si González Amador pudo haber cometido otros delitos distintos a los que ya se investigaban en la causa principal, al supuestamente emplear una empresa para «ocultar unos ingresos» procedentes del Grupo Quirón.
La magistrada basó su decisión en un informe de la Agencia Tributaria que señalaba una «operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria» en 2021. Según este documento, González Amador habría utilizado una sociedad pantalla, Masterman S.L., mediante la cesión parcial de un contrato de servicios entre su empresa, Maxwell Cremona, y su cliente, Quirón Prevención S.L.
