La Comunidad de Madrid ha llevado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el Gobierno central por su intención de declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática.
El pasado 24 de octubre de 2024 se publicó en el Boletín Oficial del Estado una resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por la que se inició un expediente administrativo para declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, de conformidad con la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera que lo que se propone el Gobierno español invade sus competencias y recurre ante el Tribunal Constitucional esa decisión para defender, asegura, «el interés general de todos los madrileños».
El escrito remitido al Tribunal Constitucional también solicita la suspensión cautelar del procedimiento administrativo que otorga este reconocimiento al edificio, alegando que, de aprobarse antes de que se resuelva el conflicto de competencias, se generarían «daños y perjuicios de imposible o muy difícil reparación» para la administración madrileña.
Un conflicto basado en la jurisprudencia del Constitucional
Los abogados de la Comunidad de Madrid fundamentan su reclamación en la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional. Señalan que el Gobierno central no cuenta con un respaldo legal suficiente para asumir competencias de carácter ejecutivo en esta materia, ya que, según defienden, estas deben estar en manos de las comunidades autónomas en virtud de sus atribuciones sobre memoria democrática y patrimonio histórico-cultural.
Según el recurso, los artículos de la Ley de Memoria Democrática que otorgan al Estado la potestad de declarar un espacio como Lugar de Memoria sin consultar a las autonomías «deben ser declarados inconstitucionales».
En sus alegaciones, la administración regional, además, cuestiona la justificación de la medida, argumentando que «un periodo ínfimo» en la historia del edificio «no puede transformar la verdadera significación histórica, simbólica y la repercusión que en la memoria colectiva ostenta el edificio que, en la actualidad, alberga la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid».
Una vez admitido a trámite, el Tribunal Constitucional dará un plazo al Ejecutivo central, al Congreso y al Senado para presentar alegaciones antes de emitir su sentencia.
«Colonización institucional»
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado en varias ocasiones la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, asegurando que no permitirán que el presidente del Gobierno «siga campando a sus anchas, colonizando todas y cada una de las instituciones y tratando de imponer su visión sesgada y partidista de la realidad».
La Comunidad de Madrid también reprocha la falta de comunicación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, señalando que el procedimiento se inició sin previo aviso con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado el 24 de octubre de 2024.
Desde el Ejecutivo madrileño recuerdan que la Real Casa de Correos, con más de 250 años de historia, ha albergado diferentes instituciones a lo largo del tiempo, desde la oficina central de correos hasta la Capitanía General o el Ministerio de Gobernación.
También ha sido testigo de acontecimientos clave como el levantamiento del 2 de mayo de 1808, la proclamación de la Segunda República y, en la actualidad, es el lugar icónico donde se celebran las campanadas de fin de año y se encuentra el Kilómetro 0.
En su fachada principal, destacan, hay tres placas conmemorativas en honor a las víctimas del 11-M, los fallecidos durante la pandemia de Covid-19 y los héroes del levantamiento contra la invasión napoleónica. Desde finales de los años 90, el edificio ha sido sede de la Comunidad de Madrid tras una remodelación inaugurada por los Reyes de España.
