El Ministerio del Interior ha confirmado que prohibirá a la Policía Nacional el uso de gas lacrimógeno en los dispositivos de orden público tras la polémica generada por las cargas policiales durante la huelga general del pasado 11 de noviembre. La decisión implica modificar el protocolo interno que regula el empleo de estos medios de defensa y disuasión por parte de los agentes.
La orden, adelantada por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, establece que la Policía Nacional dejará de utilizar gas lacrimógeno contra manifestantes, aunque mantendrá la posibilidad de recurrir a los denominados artificios ATL. Se trata de dispositivos que generan una nube de humo lacrimógeno que Interior califica de «inocua y no lesiva».
Estos elementos forman parte del material empleado habitualmente por las unidades antidisturbios, que también disponen de otros medios de intervención, como las pelotas de goma o las escopetas de descarga de cartuchos de fogueo para disuadir a las multitudes.
Investigación sobre las cargas policiales en Madrid
La decisión del Ministerio llega después de las actuaciones policiales registradas durante la huelga general del 11N, convocada por los sindicatos para reclamar medidas relacionadas con el acceso a la vivienda y la mejora de los salarios.
La Jefatura Superior de Policía de Madrid abrió el jueves una información reservada para evaluar las intervenciones realizadas por los agentes durante aquella jornada. La investigación pretende analizar el desarrollo de los dispositivos y determinar si las actuaciones se ajustaron a los criterios de proporcionalidad exigibles en este tipo de operaciones.
Las cargas provocaron también el malestar de diferentes sindicatos policiales, que criticaron la decisión de Interior de prohibir el uso de gas lacrimógeno. Las organizaciones consideran que la medida deja a los agentes en una situación de indefensión y supone poner bajo sospecha su actuación profesional.
Entre las voces críticas se encuentran el sindicato mayoritario entre los mandos policiales, además de organizaciones como SUP, Jupol, UFP y CEP.