El abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconoció la existencia de «dos delitos contra la Hacienda Pública» e intentó eludir la celebración del juicio con dos propuestas enviadas a la Fiscalía: la asunción de una pena de 8 meses de cárcel y el pago de más de medio millón de euros.
Es lo que consta en la propuesta de conformidad penal, en la que la pareja de Ayuso «acepta íntegramente» tanto la existencia de los dos delitos por los que la Fiscalía le ha imputado como su «autoría» como administrador único de la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad Para el Fomento del Medio Ambiente SL.
La defensa reconoce una cuota defraudada de 155.000 euros en el ejercicio relativo a 2020 y de 195.951,49 euros por el ejercicio de 2021, lo que se traduce en 350.951 euros más intereses de demora.
El novio de Ayuso propone en dicho escrito, además de la pena de cárcel, asumir «una multa del 40% de la cuota defraudada». El importe total a abonar en caso de que se hubiera aceptado esta iniciativa sería de algo más de medio millón de euros: unos 520.000 euros.
Explica que aunque intentó realizar una regularización tributaria, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) le avisó de que esta «supuesta regularización» no puede «operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad», con lo que está «completamente de acuerdo».
«Teniendo en cuenta el resarcimiento del daño asociado a esta propuesta de conformidad penal, y que no estamos en ningún caso ante un delito agravado, se propone una pena de prisión de 4 meses por cada delito a imponer», recoge el escrito.
Asimismo, la defensa de Alberto González Amador plantea «la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 9 meses».
Alberto González Amador está llamado a declarar en los juzgados en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil el próximo 20 de mayo.
