El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Se basa principalmente en la filtración del ‘email’ donde el empresario se ofrecía a reconocer delitos para pactar. Además, insiste en afirmar que actuó por «indicaciones» del Gobierno.
La decisión tiene lugar ocho meses después de que el Supremo asumiera la investigación el pasado octubre. En un principio, cuando el asunto estaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la causa se centró en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 para dar detallada cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal a cargo de la investigación fiscal, Julián Salto.
Cuando el caso saltó al Supremo, el alto tribunal abrió causa contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, pero descartó la entidad delictiva de dicha nota de prensa.
No obstante, en los meses siguientes se fue ampliando la investigación: para abarcar otra vez el citado comunicado, para incluir las presuntas filtraciones de las diligencias de la Fiscalía contra González Amador por presunto fraude fiscal, y para añadir también el correo electrónico que su defensa envió el 2 de febrero de 2024 ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales a cambio de pactar.
Ahora, al poner fin a las pesquisas, Hurtado cree que, a nivel indiciario, cabe presumir que García Ortiz facilitó a un medio de comunicación, concretamente a la ‘Cadena SER’, el contenido de ese ‘email’ del 2 de febrero, sujeto a «criterios de reserva y confidencialidad».
Indicaciones de Presidencia del Gobierno
El magistrado incide en que, «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno, y aprovechando información publicada en el diario ‘El Mundo’, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada ‘La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales'», «entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto».
Y ello, señala el instructor, «con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal».
Hurtado también destaca que, «paralelamente, desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo de 2 de febrero de 2024», se envió copia del mismo a la entonces asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, «quien hizo uso de él, dando instrucciones a Juan Lobato, portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en contra de la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso».
El «prestigio de fiscalía»
El Supremo sostiene que ese ‘email’ «contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía, que han de presidir este tipo de conversaciones», por lo que afirma que «no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación».
Así las cosas, para Hurtado la «filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado».
Investigación ampliada
Cuando el caso saltó al Supremo, el alto tribunal abrió causa contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, pero descartó la entidad delictiva de dicha nota de prensa.
No obstante, en los meses siguientes se fue ampliando la investigación: para abarcar otra vez el citado comunicado, para incluir las presuntas filtraciones de las diligencias de la Fiscalía contra González Amador por presunto fraude fiscal, y para añadir también el correo electrónico que su defensa envió el 2 de febrero de 2024 ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales a cambio de pactar.
El PP pide dimisiones
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha considerado que el fiscal general del Estado «debería dimitir para poder defenderse en los tribunales de las acusaciones».
Lo ha planteado tras conocer que el juez del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado ha acordado su procesamiento, mientras que, tanto Más Madrid como el PSOE, han manifestado que lo único que pretende el PP es «desviar el foco de atención y enredar», en palabras de la portavoz socialista en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar.
Así lo han expresado tras la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, en la que el portavoz del PP ha matizado que el fiscal general del Estado «tenía que haber dimitido cuando se empezó a investigar para no manchar la institución».
«El legislador no previó que pudiera ocurrir un caso así, pero los fiscales tienen una dependencia orgánica respecto a sus superiores y el fiscal general del Estado podría dar esa instrucción de que no fuera investigado», ha criticado Díaz-Pache, que ha añadido que el Gobierno que lo nombra «debería proponer su cese inmediato».
Además, el portavoz del PP ha apuntado que esto último no ocurrirá porque el fiscal general «estaba protegiendo ilegalmente al Gobierno difundiendo datos privados de un particular». «Lo que queda por ver es cómo queda todo el PSOE y sus socios de Gobierno y si les parece razonable que una persona procesada por delitos contra su propio cargo esté en ese cargo», ha agregado.
