El Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo dependiente del Consejo de Europa, ha dictaminado que España vulnera los derechos fundamentales al no garantizar el suministro de luz en la Cañada Real, en Madrid.
Tal y como expone la resolución, el acceso a una energía adecuada, estable y segura es esencial para que las personas puedan disfrutar plenamente de sus derechos a la vivienda, la salud y la educación.
Unas 4.500 personas, 1.800 de ellas niños, llevan más de cuatro años sin luz (desde octubre de 2020) en este asentamiento irregular que está situado entre Madrid, Rivas y Coslada.
En su fallo, el Comité ha señalado que, aunque los estados deleguen el suministro de energía en empresas privadas, no pueden «subcontratar» sus responsabilidades en materia de derechos humanos. «Garantizar los derechos de la Carta sigue siendo una responsabilidad del Estado», recalca el documento.
Esta es una de las decisiones que adoptó el Comité Europeo de Derechos Sociales en su reunión plenaria en Estrasburgo el 11 de septiembre del año pasado. La demanda colectiva fue presentada hace dos años y medio, el 2 de marzo de 2022, por cinco organizaciones, entre ellas CCOO, ante el Comité Europeo de Derechos Sociales..
Más de cuatro años sin luz en la Cañada Real
El Comité subraya que la falta prolongada de acceso a la energía coloca a estas familias en una situación de «pobreza energética», lo que supone una «grave preocupación» en términos de derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social, tal como recoge la Carta Social Europea.
La resolución señala que España ha incumplido el artículo 11.1 y 11.3 de la Carta por no tomar medidas adecuadas para reducir el impacto de los cortes de luz en la salud de los afectados. También considera que se ha vulnerado el artículo 31.1 al no garantizar un nivel de vivienda adecuado para los residentes.
En este sentido, recalca que una vivienda sin servicios básicos como electricidad y calefacción no puede considerarse «adecuada». Además, destaca que la energía es un recurso esencial para la vida diaria, ya que permite la calefacción, iluminación, preparación de alimentos e higiene.
El informe destaca que la falta de electricidad ha golpeado especialmente a las personas con discapacidad que residen en la Cañada Real. En este sentido, el Comité reconoce que «la falta de políticas estables, consistentes y el acceso seguro a una energía adecuada puede crear barreras al ejercicio efectivo del derecho a independencia, integración social y participación de las personas con discapacidad».
El Comité Europeo de Derechos Sociales también critica la falta de acciones efectivas para garantizar el derecho a la vivienda de las personas afectadas. Considera que las medidas adoptadas para el realojo han sido «insuficientes» y señala que las familias y organizaciones que las representan deberían haber tenido la oportunidad de participar en la toma de decisiones que les afectan directamente.
Impacto en la salud y la educación de sus habitantes
Las organizaciones demandantes argumentaron en su demanda que los cortes de luz han causado un grave impacto en la vida de los residentes de la Cañada Real Galiana, incluyendo un aumento de enfermedades respiratorias, problemas dermatológicos y circulatorios relacionados con el frío, dificultades para utilizar dispositivos médicos esenciales, e incluso casos de intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras.
Asimismo, denunciaron que la falta de suministro eléctrico afecta el acceso a la educación de los menores, fomentando el absentismo escolar y dificultando su desarrollo académico. También destacaron el impacto desproporcionado sobre las mujeres trabajadoras, en especial aquellas con responsabilidades familiares.
El fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales confirma una vulneración de varios artículos de la Carta Social Europea, responsabilizando al Estado español de no haber tomado medidas efectivas para evitar la interrupción de servicios esenciales en la Cañada Real.
