Medio centenar de personas se han concentrado este jueves frente a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid para entregar 350 firmas exigiendo el restablecimiento del servicio de luz en la Cañada Real, cortado por las compañías en octubre de 2020.
Los vecinos denuncian que la falta de suministro eléctrico es una estrategia para forzar el desalojo de la zona, añadiendo que las compañías eléctricas justifican el corte alegando usos fraudulentos para el cultivo de marihuana, una acusación que califican de «excusa vacía e indecente».
La protesta que ha reclamado la vuelta de la luz a la Cañada Real ha contado con la participación de representantes de asociaciones vecinales como Vecinal Sector 5, AMAL y Vecinal Barrio Unido Sector 4, con el apoyo de la plataforma Cívica Luz Ya en Cañada Real y miembros de formaciones políticas como Más Madrid, Podemos e IU.
María López, portavoz de la plataforma cívica por la luz en Cañada Real, ha destacado que 4.500 vecinos continúan sin suministro eléctrico después de cuatro años y ha recordado que el Consejo de Europa ha condenado a España por la vulneración de derechos fundamentales en la Cañada Real como el acceso a la vivienda, la protección de la familia y la lucha contra la exclusión social.
La portavoz de la plataforma ha indicado que se han desplazado hasta la Consejería de Medio Ambiente porque, de acuerdo con la resolución última del Defensor del pueblo, de ella depende el Comisionado para Cañada Real, que es el que tiene la obligación de impulsar el suministro legal y dar toda la información a las vecinos para que puedan hacer su contratación como corresponde.
«Ahora mismo las administraciones en el tema de Cañada Real están al margen de la ley y la Constitución, porque ya lo ha señalado el Defensor del pueblo. Es ilegal lo que están haciendo, ya no solo inmoral o indecente. Tienen que actuar, tienen que poner la luz, hay niños, hay personas con discapacidad y mayores que están en un sufrimiento que no se les deseamos a nadie. Son cinco inviernos, esto no se puede tolerar, estamos en un Estado social y democrático de derecho, pero es que esto no se está cumpliendo en Cañada Real«, ha insistido López.
Apoyo de Podemos, Más Madrid e IU
En la concentración también estaba Martina Velarde, diputada de Podemos en el Congreso, que se ha manifestado que el Pacto Regional de la Cañada «no se ha cumplido en absoluto, la administraciones no han actuado y se condena y se resuelve a favor de los vecinos y en contra del Estado y de sus administraciones». «Los vecinos hoy vienen a pedir lo que es una cuestión de justicia porque se están vulnerando los derechos humanos», ha lanzado la diputada ‘morada’.
Alicia Torija, diputada de Más Madrid, ha denunciado que en los presupuestos de 2025 no hay partidas asignadas para realojos, lo que considera una muestra de «acoso sistemático» a los residentes.
El coordinador de IU en Madrid, Álvaro Aguilera, ha calificado la situación de «flagrante agresión» contra las familias trabajadoras de Cañada Real, criticando la inacción de la Comunidad de Madrid ante las precarias condiciones de vida de la zona.
La Comunidad responsabiliza a la compañía eléctrica por la falta de luz en la Cañada Real
La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha respondido a esta movilización defendiendo que el Gobierno regional no tramita contratos de luz y la responsabilidad de garantizar la seguridad y la integridad de la red de suministro eléctrico es de la compañía suministradora, UFD-Naturgy.
Naturgy cuenta ya con una resolución judicial que confirma que la red en el Sector 6 de la Cañada colapsó en 2020 «por la proliferación de enganches y manipulaciones ilegales, es irrecuperable debido a los enormes riesgos que entraña para la seguridad la situación en esa zona», detallan desde la consejería.
«Todas las Administraciones españolas coinciden en que la solución para los múltiples problemas de toda índole que afectan al Sector 6 es su desmantelamiento a través de un proceso de realojo en viviendas sociales, tal y como se estableció ya expresamente en el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana de 2017, por la ‘ausencia de las mínimas condiciones de habitabilidad’ en dicho sector», añaden.
