La comunidad educativa en todos los niveles, desde Infantil hasta la universidad, pasando por Primaria y Secundaria, saldrá de nuevo este jueves a las calles para «salvar la universidad y la educación pública», según reza el lema de la convocatoria, tras aplazarse la marcha prevista para el 28 de abril debido al apagón eléctrico que afectó a gran parte del país.
Decenas de colectivos, plataformas, sindicatos y asambleas participarán en una gran marcha que tendrá lugar a las 18.00 horas y recorrerá las calles del centro de la capital desde Atocha hasta la Puerta del Sol.
La de este lunes será la segunda jornada de movilizaciones que unirá a todos los niveles educativos, después de la marcha realizada el pasado 23 de febrero, en la que participaron en torno a 25.000 personas, según la Delegación del Gobierno, una cifra que los organizadores elevaron hasta 100.000.
Contra la asfixia de la universidad pública
Por un lado, la comunidad universitaria lleva meses reflejando su malestar por la «asfixia económica» que sufren las universidades públicas y que temen que se agrave con la nueva ley de universidades regional, la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), de la que hasta ahora solo se conoce un borrador y que el Gobierno regional está negociando con los rectores.
Así lo expresaron los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III) este martes en un desayuno informativo, en el que advirtieron de que «la universidad pública está en riesgo» y de que «está en juego el futuro de la España del 2050» con una «democracia saludable».
En ese desayuno informativo, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, defendió que «no hay financiación inocente; siempre está vinculada a intereses», en una referencia velada a la situación de las universidades de la Comunidad de Madrid. «Se trata de que en la escala de valores consideremos qué intereses son legítimos o por qué intereses realmente nosotros apostamos. Y hay que repensar el concepto de rentabilidad: lo rentable no puede ser el factor exclusivo y decisivo de las decisiones», remarcó.
Salvemos la universidad pública
Por su parte, las plataformas aglutinadas bajo el nombre ‘Por la pública’ de las seis universidades de la región desgranaron en un comunicado lanzado hace un mes los 10 puntos que motivan la protesta.
Entre ellos se encontraba la «asfixia económica, ya que el Gobierno regional solo aportará el 70% de la financiación», «una deriva hacia un modelo empresarial de la universidad pública y una mayor privatización por la laxitud para reconocer chiringuitos que se lucran con la educación superior» y «la «injerencia del Gobierno regional en la autonomía universitaria, con un mayor control de capital privado y de la Comunidad de Madrid en órganos de coordinación de la educación superior», así como «el aumento de la represión a la libertad y al asociacionismo estudiantil».
Paralelamente al decálogo de quejas, las plataformas de los seis centros universitarios de la región redactaron 10 cuestiones que piden que se recojan en la nueva ley, como «controles más exigentes a las privadas», «el fin de los contratos precarios» y el «fin de la injerencia del Gobierno regional y del capital privado».
En plenas negociaciones de la ley de Universidades
Hasta la fecha, desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades han esgrimido que todavía se encuentran en un proceso de negociación con los rectores y que el borrador no es un documento definitivo. «Hay un gran consenso en la necesidad de una nueva ley de universidades. La que estamos negociando da respuesta a las preocupaciones que han planteado los rectores, tanto las actuales como las del futuro», expresó Viciana este martes tras acudir al desayuno informativo.
Además, en sus últimas intervenciones, el consejero ha defendido la aportación que el Gobierno regional hace a las universidades públicas. Así lo hizo el martes 8 de abril en declaraciones a los medios de comunicación, cuando reivindicó que «hay muy pocas regiones en el mundo, no ya en España, sino en el mundo entero, que alcancen el 4% del presupuesto en financiación» de universidades, tal y como hace la Comunidad de Madrid.
También el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha manifestado en las últimas semanas que el Gobierno regional está «invirtiendo mucho en la universidad pública madrileña». «Un crecimiento del 4% en el presupuesto del año 2025 y un incremento del 20% desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid», arguyó en una rueda de prensa del Consejo de Gobierno.
Toda la comunidad educativa se une
Por otro lado, más allá de las reivindicaciones universitarias, la comunidad educativa del resto de niveles también está llamada a secundar las movilizaciones. En este caso ha sido Menos Lectivas, una agrupación de más de 200 asambleas de centros educativos de la Comunidad de Madrid, la convocante.
Hace poco más de un mes, los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación (CCOO, ANPE, CSIF y UGT) y la Consejería de Educación llegaron a un acuerdo tras meses de negociación para reducir el horario lectivo en Secundaria –que pasará de 20 horas a 19 a partir del próximo curso y bajará hasta las 18 a partir del curso 2028/2029– e incorporar a 850 nuevos maestros en los próximos tres años en Infantil y Primaria, entre otras cuestiones. Un pacto que, para Menos Lectivas, es «insuficiente».
Así, Menos Lectivas demanda «bajadas de ratio» en todos los niveles, la «reducción de horas lectivas» para equipararse con el resto de comunidades autónomas, una reducción de la burocracia, una mejora de las infraestructuras de los centros, una mayor atención a la diversidad con profesionales capacitados para ello e imponer «medidas contra la segregación».