El ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que firmó los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’ de las residencias durante la pandemia será investigado también por un presunto delito de prevaricación. La decisión judicial amplía así las pesquisas sobre Carlos Mur de Víu, que ya estaba siendo investigado por presunta discriminación en el acceso a un servicio público.
Según la resolución adelantada este 24 de marzo de 2026, el juzgado de Getafe acepta extender la investigación a Mur como presunto autor de ese nuevo delito y a Francisco Javier Martínez Peromingo como cooperante. Ambos aparecen vinculados al diseño y aplicación de las directrices que, en marzo de 2020, limitaron los traslados hospitalarios desde residencias de mayores durante la primera ola de la covid.
El juez amplía el foco
La decisión supone un nuevo giro en una de las causas más sensibles de la gestión madrileña de la pandemia. Mur fue director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid y el alto cargo que estampó su firma en esos protocolos, mientras que Martínez Peromingo, geriatra y posterior sucesor de Mur en el cargo, está considerado una figura clave en la elaboración de esos documentos.
Los protocolos de marzo de 2020 han estado en el centro de la polémica por fijar criterios que restringían la derivación hospitalaria de residentes con altos niveles de dependencia o deterioro, una actuación que durante años ha sido denunciada por familiares y asociaciones de víctimas.
La reacción de Óscar López
Tras conocerse la decisión judicial, el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha valorado que “seguimos avanzando en la investigación sobre los protocolos de la vergüenza que tuvieron lugar en Madrid durante el covid”.
Además, ha subrayado que “por primera vez un juzgado admite la prevaricación contra los responsables que trataron los protocolos de la infamia” y ha añadido que “se dictaron resoluciones injustas a aquellos que no tenían un seguro privado; llegaremos hasta el final y donde haga falta”.
Estas declaraciones sitúan de nuevo en el foco político una causa que golpea de lleno la gestión de las residencias madrileñas durante la pandemia y que vuelve a reabrir el debate sobre si hubo decisiones administrativas que dejaron sin atención hospitalaria a miles de mayores.
Un caso con recorrido judicial y político
La investigación contra Mur no es nueva. Desde 2024 ya figuraba como investigado por presunta denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, dentro de distintas causas abiertas por fallecimientos de residentes que no fueron trasladados a hospitales. En los últimos meses, varios juzgados madrileños han ido citando a declarar a antiguos responsables sanitarios relacionados con aquellos protocolos.
La ampliación acordada ahora por el juzgado de Getafe refuerza la presión judicial sobre dos nombres clave de aquel engranaje administrativo. Y lo hace en un momento en que las asociaciones de familiares siguen reclamando responsabilidades por unas decisiones que consideran decisivas en lo ocurrido en las residencias madrileñas en 2020.
